Luego de que la Contraloría General de la República, informara recientemente un hallazgo fiscal relacionado con el Pozo de Donato, en el marco de una auditoría financiera a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), que involucra a la Cámara de Comercio de Tunja, la controversia pública sobre presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento del mencionado bien patrimonial, se reactivó.

Y es que una vez más, salieron a la luz señalamientos directos indicando que el contrato celebrado entre la Cámara de Comercio de Tunja y el arrendador del Pozo de Donato, solo habría dejado beneficios económicos indebidos, a empresarios particulares, siendo Rafael Humberto Cortés Días, uno de los más involucrados.

En vista de lo anterior, el empresario Cortés Díaz, emitió en las últimas horas un pronunciamiento público en el que rechazó cualquier señalamiento en su contra y cuestionó el uso de su nombre en el debate institucional.

En el comunicado, Cortés Díaz afirma que, en medio de una posible crisis administrativa y de gobernanza que atraviesa la Cámara de Comercio de Tunja, su nombre y su ejercicio comercial han sido incorporados a un relato público que, según señala, busca desviar la atención de los problemas actuales de la entidad. Reitera que no ha existido corrupción, apropiación indebida ni detrimento patrimonial atribuible a su persona, y sostuvo que este hecho ha sido plenamente acreditado por más de veinte años de decisiones en firme, adoptadas por todas las autoridades que revisaron el contrato de arrendamiento del Pozo de Donato.

Entre dichas autoridades menciona a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las cuales, manifiesta, archivaron todas las actuaciones y cerraron los expedientes de manera definitiva, al no encontrar irregularidades.

En su declaración también recuerda que en este mismo proceso fue señalado el señor Julio Roberto Pinto Morales (Q.E.P.D.), pese a que las autoridades establecieron que actuó dentro de esquemas contractuales lícitos y sin actos de corrupción.

Frente al hallazgo fiscal recientemente divulgado, Cortés explica que la auditoría correspondiente a la vigencia 2024 tomó como referencia el avalúo del canon de arrendamiento del Pozo de Donato, pero omitió considerar tanto el pago en efectivo como el pago en especie, los cuales hacen parte integral del canon y que, en conjunto, pueden incluso superar el valor del avalúo, descartando la existencia de detrimento patrimonial.

Asimismo, señala que para cumplir con el convenio suscrito con la UPTC, la Cámara de Comercio de Tunja tendría que invertir actualmente cerca de 20 millones de pesos mensuales en vigilancia, jardinería y aseo, costos que han sido asumidos por la empresa Pizza Nostra, evitando la destinación de recursos propios de la entidad y permitiendo que el parque se mantenga abierto al público y en adecuadas condiciones.

Indica además que desde 1998, año en que se suscribió el contrato de arrendamiento, ni la UPTC ni la Cámara de Comercio de Tunja han realizado inversiones con recursos presupuestales en el predio, y que su administración ha implicado costos permanentes asumidos con recursos privados.

Finalmente, advierte que la insistencia en asociar su nombre a una controversia ya resuelta, ha afectado su buen nombre, el de su empresa y el de su familia, pero que la verdad jurídica sobre el Pozo de Donato es clara, documentada y firme, y que no debe ser utilizada para desviar la atención de los asuntos que hoy enfrenta la Cámara de Comercio de Tunja.