A la ya marcada desvergüenza que hoy se ha apoderado de todas las esferas de la vida pública de nuestro Departamento, sazonada por un brutal sentimiento de desarraigo patrio, que nos tiene sumidos en el más profundo oscurantismo moral y ético, se suman ahora taimadas estrategias, aparentemente generosas, pero diseñadas para ampliar el control de quien ostenta el poder.
Lo digo por una “criatura jurídica” llamada Tierrasua S.AS., cuyo embrión se fecundó el 15 de enero de 2019 con el nombre de Asdetboy S.A.S., engendrada por tres organizaciones sindicales de trabajadores oficiales de Boyacá, sin ánimo de lucro: Asociación de Vivienda de Empleados Públicos – Asovidepas, Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado – Sunet, y el Fondo Nacional de Empleados Públicos -Fonexito.
Cuatro meses después, a causa de una sustancia parecida a la clorofila, ese embrión, que ya estaba convertido en feto, tuvo una particular mutación a Empresa de Economía Mixta, pues el Instituto Financiero de Boyacá, compró un poco más del 73% de las acciones, por 11 millones de pesos.
La particular sustancia clorofílica invadió el torrente sanguíneo del mencionado feto y lo hizo crecer a tal ritmo que, en 2022, tan solo tres años después de la fecundación, Albeiro Higuera Guarín, tutor de la época (léase gerente), dijo en una entrevista: “en este momento los estados financieros y los rendimientos nos dan un valor de 1.500 millones de pesos”. Es decir, en ese trienio, habían aumentado sus haberes en un 10 mil por ciento, ¡bestial capitalización! digna de envidia entre los socios de la “manzana mordida”.
Pero Tierrasua S.A.S. tenía que nacer y eso ocurrió a finales de 2024, con los mismos accionistas de Asdetboy S.A.S., cuyos aportes fueron: Fonexito: $6.600.000, Sunet Boyacá: $10.000.000, Asovidepas: $63.000.000 e Ideboy: $366.600.000.
Con el cambio de nombre, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, gobernador de Boyacá, encomendó el funcionamiento de la rebautizada Asdetboy a su amigo John Ernesto Carrero Villamil; por fin lo pudo acomodar, luego de incumplirle con la secretaría de Infraestructura y con la dirección de Corpoboyacá.
Parodiando al “filosofo” Chapulín Colorado: todos sus movimientos están fríamente calculados; el propósito de Tierrasua S.A.S. es entregar, de manera directa, la contratación de las obras más importantes de los municipios, a través de esta organización, enmarcada en un régimen especial que le permite burlar sin violar.
Suena raro, curioso y disparatado, burlar sin violar: duchos en hacer la trastada, utilizan el resquicio que les permite pasar, sin el mayor recato, por encima de la Ley 80, la cual consigna las reglas y principios de la contratación estatal en Colombia. Para explicarlo mejor, una entidad administrativa del Estado, como la gobernación de Boyacá, representada por servidores públicos obligados a atender la legislación que rige nuestro país, hábilmente le hace la jugadita a lo que está obligada a cumplir.
Con esta velada estrategia, los municipios, entidades territoriales del Estado, firman y giran los recursos de obra directamente a Tierrasua S.A.S., saltándose fases que la Ley considera “estrictamente necesarias”, como los procesos licitatorios o de selección objetiva y la participación abierta de oferentes o sana competencia; porque es la empresa, o mejor su gerente, John Carrero, con el guiño de su jefe Carlos, quienes determinan con qué amigo subcontratan la obra.
No es casual que el propio gobernador de Boyacá, en la cumbre de alcaldes del departamento, cumplida en Miraflores, haya conminado a los mandatarios municipales para que sus más importantes obras se hagan a través de Tierrasua S.A.S., con la promesa de recibir, de manera más expedita, el aporte financiero de la gobernación.
Pero no todo es perversamente calculado, las actuaciones de la empresa tienen vigilancia para que no viole los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la función administrativa. Esa tarea está en manos de la Contraloría Departamental. ¡Uy!, me imagino el susto a la hora del control.
La estratagema está montada y el “contratadero de Amaya”, como lo calificó el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quedó bien engrasado, dispuesto a recibir por esa vía, cuanto recurso público aparezca, incluso los de regalías. Bajo esta figura facilitarán no solo su direccionamiento, con las consabidas “dadivas” que puedan acarrear, sino una enorme “factura política” a favor del habilidoso Carlos Andrés.
¿Viveza, artimaña o descaro? ahí les dejo esa inquietud.
