Las elecciones para escoger al próximo alcalde de Tunja se desarrollan en medio de un ambiente cargado de tensiones, controversias y profundas inquietudes ciudadanas. Más allá de la simple disputa electoral, la capital boyacense parece encontrarse frente a un espejo que refleja años de decisiones cuestionadas, promesas incumplidas y una creciente distancia entre quienes ejercen el poder y quienes padecen sus consecuencias.

La historia de Tunja, ciudad noble y centenaria, próxima a cumplir quinientos años, acostumbrada a ser protagonista de importantes capítulos de la vida republicana colombiana, atraviesa hoy uno de esos momentos oscuros, en los que el debate público se mezcla con la desconfianza y donde el futuro parece debatirse, lamentablemente, entre la corrupción y el desencanto.

Durante los últimos años, el crecimiento urbano de la ciudad ha seguido una dinámica que, para muchos expertos y ciudadanos, carece de una visión integral de mediano y largo plazo. La expansión territorial, el aumento de las cargas tributarias y las dificultades financieras del municipio han generado un sentimiento de preocupación que se percibe en los barrios, entre comerciantes, empresarios, y en las familias que ven cómo el impuesto predial se ha convertido en una pesada carga que asfixia sus economías.

A esta realidad se suma un endeudamiento que supera los 150 mil millones de pesos, una cifra que ha despertado cuestionamientos sobre la sostenibilidad financiera de la administración municipal y sobre la eficacia de las inversiones realizadas. Las críticas se han intensificado debido a que buena parte de la ciudadanía no ve o no percibe obras de gran impacto que permitan evidenciar con claridad el destino de los recursos obtenidos mediante los empréstitos aprobados en los últimos años.

Las dudas e indignación aumentan cuando se examina el más reciente crédito, superior a los 90 mil millones de pesos, cuyos resultados concretos continúan siendo motivo de debate. En medio de este panorama, diversos sectores han cuestionado la capacidad de los organismos de control y del propio Concejo Municipal para ejercer una vigilancia rigurosa sobre la ejecución de los recursos públicos. El resultado es una sensación de desconsuelo que ha terminado por alimentar la incertidumbre política y social que hoy envuelve a nuestra ciudad.

Como si el escenario no fuera suficientemente complejo, un nuevo episodio ha captado la atención de la opinión pública. Se trata del contrato suscrito entre el Municipio de Tunja y la empresa Don Matías, por un valor superior a los 14 mil millones de pesos. La controversia gira en torno a un anticipo cercano al 90 por ciento del valor contractual, una circunstancia que ha despertado interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y seguimiento de los recursos comprometidos.

Las denuncias relacionadas con posibles irregularidades han estado acompañadas, según diversas versiones conocidas públicamente, por presiones y amenazas contra personas que han solicitado explicaciones o han cuestionado el desarrollo del proceso contractual, una valiente y joven alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, seguramente será silenciada, y un prometedor concejal liberal, Román Quintero Corredor, también con mucho arrojo, ha recibido sendas amenazas.  Estos hechos han contribuido a profundizar la percepción de la grave crisis institucional que hoy ocupa buena parte de la conversación pública en la ciudad.

Pero quizás uno de los capítulos más sensibles e indignantes de esta coyuntura electoral gira en torno a las aspiraciones de una concejala, en ejercicio, que busca llegar a la Alcaldía. Sobre su eventual candidatura han surgido cuestionamientos jurídicos relacionados con posibles inhabilidades e incompatibilidades que deberán ser examinadas por las autoridades competentes. Entre los argumentos expuestos por conocedores del derecho figuran su condición previa como ordenadora del gasto, durante la presidencia del Concejo, posibles conflictos derivados del cruce de períodos y la existencia de vínculos contractuales entre su compañero permanente y la administración municipal.

Más allá de la validez o no de tales cuestionamientos, el debate revela una preocupación de fondo: la creciente percepción de que algunos actores políticos consideran que las estrategias jurídicas y los prolongados tiempos de la justicia en sancionar estas inhabilidades o impedimentos, pueden convertirse en herramientas para consolidar proyectos de poder, incluso cuando persisten dudas sobre la legalidad o legitimidad de determinadas actuaciones.

Otro capítulo de las elecciones atípicas parece estar siendo escrito por el exalcalde Krasnov y el actual Gobernador, quienes, según diversas voces, buscan asumir un papel protagónico en la contienda. Su eventual influencia despierta preocupación entre quienes temen que el peso de las estructuras burocráticas termine interfiriendo en la voluntad libre y soberana de los tunjanos, llamados a decidir su destino únicamente con la fuerza de su conciencia y su voto.

Mientras tanto, la ciudadanía sufre y observa; observa con preocupación, pero también con la esperanza de que las urnas permitan abrir un nuevo capítulo para la ciudad. Porque las elecciones atípicas no solo definirán un alcalde; definirán también el rumbo de una comunidad que reclama transparencia, responsabilidad y liderazgo.

Tunja, la Muy Noble y Muy Leal, aquella ciudad que ha sido testigo de gestas históricas y transformaciones profundas, enfrenta nuevamente una encrucijada. Y como tantas veces a lo largo de su historia, será la conciencia de sus ciudadanos la que determine si prevalecen los intereses particulares politiqueros y demagógicos o si, finalmente, logra imponerse el interés colectivo que reclama y merece el destino de la capital boyacense.