La controversia por un proyecto de viviendas tipo campestre que se adelanta en zona de expansión urbana, en inmediaciones del aeropuerto de Tunja, sigue escalando en el escenario judicial y administrativo. A pesar de que el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó en segunda instancia la suspensión cautelar de las obras, la construcción parece no haberse detenido, lo que ha generado serios cuestionamientos sobre el cumplimiento de la decisión.
El caso avanza por dos procesos paralelos. El primero promovido por la Aeronáutica Civil, entidad que acudió a la jurisdicción contencioso administrativa al advertir que las licencias urbanísticas habrían sido otorgadas sin su autorización, requisito indispensable cuando se trata de proyectos ubicados en áreas cercanas a infraestructura aeroportuaria. En este expediente, el Tribunal Administrativo de Boyacá decretó una medida cautelar en segunda instancia que ordena frenar las obras mientras se resuelve el fondo del asunto.
Posterior a ello, la Alcaldía de Tunja interpuso una acción judicial independiente en la que también solicitó la suspensión del proyecto, a tiempo que pidió investigar la actuación de la Curaduría Urbana No. 2 ante la Superintendencia de Notariado y Registro, pues advierte que las licencias se habrían expedido sin cumplir requisitos esenciales, entre ellos la adopción de un plan parcial, instrumento obligatorio para desarrollar suelo de expansión y que define aspectos como cargas urbanísticas, cesiones, infraestructura vial y servicios públicos, competencia exclusiva de la administración municipal.
De acuerdo con la información recopilada por Última Hora Noticias, inicialmente la licencia de construcción fue emitida con la figura legal de “vivienda campesina”, aunque en realidad se trata de un conjunto de lujo denominado Reserva Campestre Pontevedra, con casas vendidas desde cifras cercanas a los $900 millones, según la propia publicidad del complejo residencial. La contradicción entre la naturaleza declarada del proyecto y su apariencia comercial ha alimentado la disputa jurídica y mediática en torno a su legitimidad.
Sin embargo, el punto que hoy concentra la mayor preocupación es la aparente continuidad de las obras pese a la orden judicial vigente. Juristas consultados coinciden en que una medida cautelar decretada en segunda instancia tiene efecto inmediato y debe ser acatada por las autoridades locales encargadas de su ejecución. De no cumplirse, podrían configurarse eventuales responsabilidades por desacato.
«Debió haberse suspendido inmediatamente salió el fallo, yo desconozco por qué no se suspendió. Según el decreto 001 de 2023 y la distribución administrativa esto compete a las inspecciones de policía. Ese es un órgano híbrido que hace las veces de entidad que sella los establecimientos de negocio si se dan actividades ilícitas y demás y que tiene esa potestad de ser un ente policivo; ir con la policía y sellar, en ese contexto es la inspección octava a cargo de la secretaría del Interior que debió haber hecho esto pero voy a indagar a ver qué pasó a ver si se hizo o no se acató o que se está esperando una medida en firme para poderlo hacer» manifestó Última Hora Noticias, Carlos Gabriel Hernández Carrillo, director del Departamento Administrativo de Planeación Territorial de Tunja, al ser indagado sobre el particular.
La polémica por el proyecto de viviendas campestres en zona de expansión de Tunja continua abierta y mantienen en el centro del debate las dudas sobre la actuación de la Curaduría Urbana No. 2, que otorgó la licencia de construcción en medio de cuestionamientos por el presunto incumplimiento de requisitos esenciales; a ello se suma la tardanza con la que la administración municipal habría advertido el avance de las obras y la aparente omisión en hacer cumplir la medida de suspensión decretada en primera instancia por el Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito de Tunja y posteriormente ratificada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, decisión que ordena frenar la ejecución mientras se resuelve de fondo el litigio.
