Al igual que ocurrió en varias oportunidades con la audiencia de la primera imputación de cargos a mediados de 2025, la diligencia programada para este 19 de marzo de 2026, en la que se formularía una nueva acusación contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, tuvo que ser aplazada nuevamente.

Lo anterior, en marco del proceso penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la contratación pública al interior de la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja, Ecovivienda, , en el que también estaría directamente implicada la actual gestora social, María Luisa Pedraza Canaría, a quien el ente investigador igualmente pretende formularle cargos.

Sin embargo en esta ocasión La diligencia judicial, no pudo llevarse a cabo debido a la incapacidad médica del abogado defensor de los implicados, situación que fue informada por la propia defensa. Ante este escenario, el ente acusador no se opuso al aplazamiento, al considerar que debía prevalecer el derecho fundamental a la defensa técnica, postura que fue acogida por la juez del caso.

En consecuencia, la audiencia fue reprogramada para el próximo 15 de abril de 2026 a las 9:00 de la mañana, fecha en la que se espera que la Fiscalía formalice la imputación y avance en la solicitud de medida de aseguramiento contra los investigados, en un proceso que corresponde a una segunda actuación penal en contra del mandatario local.

Las investigaciones se centran en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, relacionados con convenios suscritos durante la actual administración. Este expediente también involucra a  Lina María Bautista Avellaneda, actual secretaria de Infraestructura de Tunja, y a Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque,  actual jefe de Control Interno del Irdet, quienes para la época de los hechos investigados trabajaban en Ecovivienda.

El proceso judicial se da en un contexto particularmente complejo para Krasnov, quien ya enfrenta otros cuestionamientos legales, incluyendo investigaciones por presuntas amenazas a testigos y decisiones recientes en materia contencioso-administrativa que han puesto en entredicho la estabilidad de su mandato.

Aunque la suspensión de la audiencia fue avalada como una garantía procesal, desde la Fiscalía se advirtió que este tipo de solicitudes no deben convertirse en una práctica reiterada que dilate el curso normal del proceso, en un caso que reviste especial interés público en la capital boyacense.

Así, el expediente contra el alcalde y la gestora social entra en una nueva fase de expectativa, a la espera de que en abril se concrete la imputación formal y se definan eventuales medidas restrictivas, en medio de un panorama judicial que sigue escalando y que podría tener implicaciones de fondo en la administración de Tunja.