Una protesta de estudiantes y padres de familia del Colegio Gran Colombiano de Tunja, dejó al descubierto problemas de fondo en la organización interna del plantel, en medio de un contexto en el que esta institución ya venía siendo objeto de cuestionamientos por diferentes dificultades operativas y de infraestructura en los últimos meses .

De acuerdo con la comunidad educativa del plantel, la situación se originó en una asignación académica deficiente por parte de las directivas, lo que derivó en inestabilidad en los horarios, cambios constantes de clases y afectaciones directas en el desarrollo normal de las actividades escolares.

El malestar de la comunidad educativa aumentó tras el incumplimiento de compromisos adquiridos en marzo, lo que motivó las manifestaciones dentro y fuera de la institución. Ante este escenario de protesta, la Secretaría de Educación intervino como segunda instancia y acudió a una mesa técnica en la que participaron organismos de control, docentes, representantes de padres de familia y estudiantes, con el fin de destrabar el conflicto.

Como resultado de este proceso, se dejó sin efecto una resolución que no cumplía con los requisitos legales y se optó por retomar una propuesta previamente trabajada con los docentes. El acuerdo permitió reorganizar la carga académica sin excluir profesores ni recurrir a sobrecarga laboral, garantizando la cobertura total de la planta docente y la asignación completa de horarios para los estudiantes.

Dentro de los compromisos establecidos se encuentra la expedición de una nueva resolución en los próximos días, el acompañamiento jurídico en la estructuración de las cargas académicas y la garantía de que no habrá represalias contra quienes participaron en la protesta.

La Secretaría también confirmó que el rector de la institución se mantiene en el cargo, aunque con limitaciones en su presencialidad por recomendaciones médicas, situación que está siendo monitoreada bajo criterios técnicos.

Este episodio se suma a una serie de dificultades que han rodeado al colegio en el último tiempo, lo que ha generado preocupación entre autoridades y comunidad educativa sobre la necesidad de ajustes estructurales que permitan garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicio educativo en la capital boyacense.