Luego de conocerse el robo del que fueron objeto varios pasajeros de un bus que cubría la ruta Tunja – Chiquinquirá, y en el que según las autoridades habrían participado ciudadanos venezolanos, se adelantó una reunión con el gremio del transporte público intermunicipal para evaluar la situación y adoptar medidas que permitan mitigar esta problemática.

Allí se estableció que la población extranjera que requiera el servicio, debe contar con la documentación legal de permanencia en el país.  

“La población migrante deberá tener el permiso de estadía en el país para ser transportada por los vehículos que prestan el servicio entre los municipios del departamento. De no ser así las empresas deben abstenerse de hacerlo o de lo contrario serán sancionadas.” Afirmó el Coronel Germán Jaramillo Wilches, comandante de la Policía de Boyacá.

De la misma forma, dijo que se comenzará con los procesos de expulsión para la población venezolana que no cumpla o viole la normatividad colombiana. Para ello se establecerán controles permanentes en los diferentes sectores del departamento en donde se ha detectado mayor presencia de estos ciudadanos

Se acordó realizar seguimiento constante a las empresas de transporte intermunicipal para verificar que no se recojan personas entre los diferentes trayectos pues esto pone en riesgo la integridad de los pasajeros.