La Emergencia Económica, Social y Ecológica en la que se encuentra el país por cuenta de la pandemia de COVID-19, no ha sido impedimento para la realización de los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT), en los que ha participado la Unidad para las Víctimas, en el departamento de Boyacá.
Haciendo uso de las nuevas tecnologías, la Dirección Territorial Central de la Unidad viene acompañando a las alcaldías, las mesas de Participación y demás actores, en los espacios en los que la Coordinación Nación Territorio de la entidad implementa el fortalecimiento de la incorporación de la Política Pública de Víctimas (PPV) en los Planes de Desarrollo local para garantizar la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a la población sobreviviente del conflicto.
“Seguimos trabajando y articulando los procesos misionales de la Unidad y dando cumplimiento a cada una de las acciones que nos permiten garantizar la articulación con el territorio para que las víctimas tengan la tranquilidad a corto y mediano plazo de una atención oportuna no sólo a través de nuestros programas sino también con la oferta que disponen las entidades del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV)”, afirmó María José Dangond David, directora de la Territorial Central
Desde finales de mayo y comienzos de este mes de junio, se han llevado a cabo en este departamento 17 encuentros virtuales de CTJT, en igual número de municipios. Los principales temas abordados fueron:
- Aplicación de la Políticas Pública de Víctimas (PPV), en los planes de desarrollo municipal.
- Explicación de los distintos componentes de la PPV y ejes transversales.
- Destinación de recursos para afrontar la emergencia causada por la pandemia COVID 19, por parte de las entidades territoriales.
- Lineamientos para la realización de CTJT virtuales en el marco de la emergencia.
- Socialización de planes de contingencia y rutas de atención a víctimas.
- Aprobación de conceptos de seguridad.
Estos comités se han desarrollado en los municipios de Sora, Santamaría, Cubará, Covarachía, Chiquinquirá, Labranzagrande, Somondoco, Paz De Rio, Cuítiva, Caldas, Socha, San Pablo De Borbur, Otanche, San Eduardo, Tibasosa, Páez y Jenesano; entes territoriales, que según el Registro Único de Víctimas, cuentan con una población de 6.483 personas afectadas por la violencia.
