En el Congreso de la República se habló del tema carcelario en Colombia, en ese debate hizo presencia el departamento de Boyacá debido a las dificultades y quejas que se tienen en cuanto a este tema. Allí se plantearon las opciones de modificar la política criminal y del sistema penitenciario, explicó Anderson Mendivelso, secretario de Gobierno de Boyacá.

En vez de cárceles, Boyacá quiere educación, esto debido a que cada vez que en Colombia se habla de hacinamiento se dice que hay que construir nuevas, y en muchas oportunidades ven a Boyacá como una opción para este tipo de infraestructuras, anunció en Última Hora Noticias Mendivelso Mejía.

El Ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, habló en el Congreso sobre reformas al sistema carcelario. Propone uso racional de la cárcel, justicia para las víctimas, tranquilidad y seguridad para los ciudadanos. Dando garantías a las comunidades, además, se indicó que; «Lo que hemos presenciado hoy, tanto los informes de los senadores y de las tres personas privadas de la libertad que han dejado aquí su testimonio, nos pone en evidencia el fracaso del sistema carcelario«, Néstor Osuna.

Con una frase contundente el Senador Gustavo Moreno describe la situación carcelaria en Colombia: “Existe una bomba de tiempo en el sistema carcelario y penitenciario en Colombia que no aguanta más”. Con dicho control político a realizarse en la plenaria del Senado de la República, se busca conocer de primera mano la situación del sistema carcelario y penitenciario, especialmente, en todo aquello relacionado con la infraestructura carcelaria, los espacios de producción y trabajo y los programas de resocialización.

Actualmente en Colombia, según cifras del INPEC, al 4 de noviembre existen 128 establecimientos penitenciarios con capacidad de 81.175 personas privadas de la libertad, que cuentan con una población de 98.143, lo que equivale a una sobrepoblación de 16.968 personas, representando así un hacinamiento del 20,9%.

En la plenaria del Senado, tres privados de la libertad hablaron acerca de la resocialización, el hacinamiento y la falta de presencia del Estado en las cárceles del país, además señalaron que la congestión de la rama judicial también perjudicaba a quienes ya habían pagado sus penas y no les han dado la libertad.

En este gobierno también se tiene presupuestado para 2023 la cifra de $1.686.497.223.458, para el funcionamiento y la inversión en las cárceles del país.