Los campesinos lanzaron un S.O.S y dieron a conocer, tanto a la ciudadanía, entidades y ONGs que les interese la grave situación ambiental relacionada con la explotación de carbón en el páramo de Pisba en el municipio de Tasco, “la cual hoy en día es posible gracias a la inoperancia y desinterés de la Agencia Nacional de Minería (ANM), de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y de la Fiscalía General de la Nación, quienes ya tienen conocimiento de los hechos”.
Ellos hacen un llamado para defender el territorio y ampliar las voces que piden al Estado colombiano que cumpla con su deber constitucional de garantizar el derecho a un ambiente sano (Artículo 79 C.P.C.). “La minería de carbón que denunciamos comenzó hace un mes, donde se están reabriendo cuatro bocaminas en el sector Llano Grande de la Vereda Santa Bárbara a 3,700 msnm de propiedad del señor Cristóbal Chiquillo”.
En el Comunicado enviado desde Tasco aseguran que las minas fueron cerradas hace más de diez años, y sancionadas por ser ilegales. Según el señor Cristóbal Chiquillo, dicha minería cuenta con el beneplácito de la Agencia Nacional de Minería, argumento que sustenta con el simple hecho de haber radicado una solicitud ante dicha Agencia, la cual luego radicó ante la Alcaldía.
“Con sus acciones, el señor Chiquillo está pisoteando la Resolución 1501 de 2018 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual protegió al páramo de Pisba hasta que su proceso de delimitación a escala 1:25.000 quede en firme. Lo más grave de estos hechos es que se están alistando para reabrir más de diez bocaminas en la misma zona, cuya delimitación además no es objeto de discusión por encontrarse en pleno ecosistema de páramo”.
Los Veedores Ciudadanos Ambientales solicitan la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación, para que sancione la conducta delictiva del señor Chiquillo, y para que investigue las conductas permisivas y peligrosas de las entidades anteriormente mencionadas, ya están permitiendo revivir el conflicto socio-ambiental en el municipio, que nacional e internacionalmente ha sido reconocido por su defensa del agua y la vida. “Así mismo, solicitamos la presencia inmediata del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cumplimiento de su deber constitucional de impedir que el Páramo de Pisba sea exterminado por la minería ilegal y criminal”.