La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá, presentó ante un juez de control de garantías a los oficiales retirados del Ejército Nacional, coronel Jorge Armando Rodríguez Malaver, al mayor José Weimar Agreda Romero y al ex suboficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Jorge Andrés Sandino Rojas y les imputó los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Los hechos investigados están relacionados con el posible apoderamiento, por parte de los militares, de más de 23.000 galones de combustible que fueron donados en 2016 por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) al batallón de Alta Montaña #2 ubicado en el municipio del Espino Boyacá.
De acuerdo con la investigación, la primera entrega del combustible por parte de la DIAN, fue en octubre de 2016, la cual correspondía a 13.780 galones de ACPM, avaluados en $64.545.520, que presuntamente fueron entregados en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander a Sandino Rojas quien fungía como suboficial de Acción Integral del Ejército, para que lo trasladara a Boyacá.
Sin embargo, y según las investigaciones, los dos oficiales retirados del Ejército habrían ordenado al suboficial llevar la carga de hidrocarburos a Tuluá (Valle del Cauca) donde aparentemente, fue comercializado en una estación de gasolina por 25 millones de pesos.
Una situación similar se habría registrado con 9.420 galones de gasolina y 266 galones de ACPM, por un valor total de 58 millones 624.893 pesos, que fueron aportados por la DIAN, en noviembre de 2016 al mismo batallón, pero que presuntamente nunca llegaron a Boyacá, sino que, por el contrario, habrían sido comercializados de manera irregular en la misma estación de servicios en el Valle del cauca por 30 millones de pesos.
Además se detectó que posiblemente el mayor José Weimar Agreda Romero, habría conseguido una certificación falsificada para simular que el combustible donado había sido guardado en un depósito de la Estación de Servicio Tisquesusa ubicada al sur de la ciudad de Tunja, con el objetico de presentarla en las revistas o auditorías de inspección que regularmente realizan funcionarios del Ejército.
Durante la audiencia los ex uniformados no aceptaron los cargos endilgados por una fiscal adscrita a la Unidad de Administración Pública de la Dirección Seccional Boyacá, pero continúan vinculados al proceso.
Tomado de información de prensa suministrada por la Fiscalía General de la Nación.
Foto tomada del mismo documento.
