A propósito de que hoy 9 de septiembre se celebra en Colombia el Día de los Derechos Humanos en honor a San Pedro Claver, quien murió en esa fecha en el año 1654, se hacen análisis del panorama de garantía y cumplimiento en el país y en Boyacá.

En los últimos dos años, Colombia ha revivido y registrado un recrudecimiento de hechos de conflicto armado que vulneran los derechos principalmente de las poblaciones más vulnerables del país. Ante este panorama, organizaciones sociales reclaman por el cumplimiento de la política pública de derechos humanos que permita protección general a la población.

«Por fortuna Boyacá no tiene registros de masacres ni eventos fuertes de conflicto armado con afectación directa a la comunidad, pero sí hay implicaciones como que nuestros jóvenes en una amplia proporción deben ser parte de las filas de la Policía y el Ejército nacional, lo que representa un riesgo, sumado a que la región presenta problemas a nivel de los derechos económicos, sociales y culturales», dijo a UHN, Gabriel Riaño, abogado y defensor de derechos humanos.

Dicho de otro modo, Boyacá tiene conflictos que superan las armas o balas que se viven en otras zonas del país.

En el análisis del profesional hay una pérdida de población en Boyacá que se registra en los últimos años, pasando de 1985 del 3.65% del censo nacional al 2005 el 2.64% demostrando que es un departamento expulsor de población a falta de garantías gubernamentales. «Esta situación genera consecuencias como el cierre de diferentes establecimientos educativos sobre todo en zonas rurales, afectando la educación, el empleo y el acceso a nuevas tecnologías, generando aumento de brechas sociales».

Según Riaño, en Boyacá no hay avances en la titularidad de la tierra y en contraste las políticas de desarrollo que se dirigen a la explotación de recursos naturales que no solventan los derechos socioeconómicos y socioculturales que tiene la población, especialmente la rural.

Ahora con la pandemia, agregó el abogado, se evidenció la vulnerabilidad de la mayor parte de la población boyacense, así como la precariedad en servicios básicos como la salud, educación y vivienda.

«Para la salud quedó expuesto que el personal no cuenta con elementos de protección y jamás ha sido un gremio protegido por el Estado. Al contrario, está sin garantías para su labor y con las circunstancias actuales las dificultades se han incrementado a tal punto que hoy por hoy llevamos más procesos por acoso laboral», señaló el defensor de derechos humanos.

La violencia intrafamiliar, especialmente hacia las mujeres; discriminación y ataques en contra de la población migrante; menores en riesgo al interior de sus casas, entre otros aspectos que afectan la convivencia ciudadana hoy implican vulneración de derechos humanos en Boyacá, en medio de la desatención estatal.

Por último y para cambiar el panorama actual Gabriel Riaño propone que, «aquí es importante que medios de comunicación abran espacios de entendimiento de derechos humanos que ilustren a la comunidad y expongan las falencias que se dan actualmente. Es urgente que se den procesos de empoderamiento ciudadano y que los funcionarios públicos tengan capacitación en derechos humanos».