En Boyacá la EAPB Comparta tiene más de 195 mil usuarios que tendrán que ser trasladados a otras entidades y adeuda aproximadamente 120 mil millones de pesos. Uno de los grupos poblacionales más afectados es el cabildo UWA, con 8655 afiliados en todo el país y quienes actualmente dicen estar en el ‘limbo’ como consecuencia de la liquidación de la entidad.
Fabio Tegria coordinador general de salud del pueblo UWA dijo a UHN que la comunidad que representa siente vulnerados sus derechos y las garantías en servicio de salud que debieran tener en este momento. «Estamos en completa incertidumbre frente a lo que pueda pasar en adelante con nosotros, pues si bien hemos hecho mesas de trabajo en los que nos hablan de reubicación pero la realidad es que nos repartieron a dedo sin importar necesidades o prioridades que tenemos como indígenas».
De acuerdo con el representante indígena, ya hay pacientes por quienes nadie responde que se encuentran en otras zonas del país, requieren traslado, pero a la fecha siguen esperando una solución.
Vale la pena señalar que la liquidación está sustentada en los hallazgos y seguimiento a los indicadores que encontró la Superintendencia de Salud, especialmente lo que tiene que ver con la atención de sus afiliados, falta de prestación de los servicios POS y no POS, los de salud integral, los de alto costo y enfermedades catastróficas, entre otros.
Por esta razón, el secretario de Salud, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, indicó que el Ministerio de Salud y Protección Social viene orientando el traslado de los afiliados a otras EAPB y mientras eso ocurre, Comparta deberá asegurarles la totalidad de los servicios.
No obstante, la semana pasada también se dio a conocer una incertidumbre jurídica para este proceso por lo cual Santoyo Gutiérrez y Javier Alonso Villamizar Suárez, secretario de Salud de Santander, expresaron públicamente su preocupación por la medida cautelar del Juzgado Promiscuo del Circuito de Málaga que suspende la liquidación de la EPS, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud e informaron lo siguiente:
1. De manera presencial, el día de hoy buscamos acercamientos con el doctor Faruk Urrutia, agente liquidador designado, con quien sostuvimos reunión en horas de la mañana. También, al momento de la salida en las mismas instalaciones, pudimos sostener reunión con la Dra. Mónica Hernández, anterior gerente de Comparta EPS, quien se encontraba en el lugar y de acuerdo con lo que indicó, iba a hacer nuevo proceso de empalme y volver a recibir la empresa.
2. Según reuniones sostenidas con estas dos personas y con la reciente medida cautelar decretada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Málaga, que ordena suspender la medida de liquidación de Comparta EPS, decretada por la Superintendencia Nacional de Salud, vemos con preocupación que nos encontramos en un momento de incertidumbre jurídica, teniendo en cuenta que la Superintendencia ya había nombrado agente liquidador y este proceso ya iba avanzando.
3. El actual liquidador nos informó que se está trabajando desde la Superintendencia Nacional de Salud para resolver este fallo jurídico, y que la medida ordenada por ellos pueda seguir adelante. Mientras tanto, la anterior gerente de Comparta EPS, Mónica Hernández, está adelantando el trámite pertinente ante la Cámara de Comercio, para recuperar la representación legal y continuar al frente de la entidad, amparada en la medida cautelar ordenada por el Juez de Málaga.
4. Por esta razón, como representantes del sector Salud, de los gobiernos de Boyacá y Santander, solicitamos que se establezcan todos los canales posibles para mantener la adecuada prestación de servicios a más de 380.000 afiliados, de los cuales 195.000 son del departamento de Boyacá y 190.000 del departamento de Santander, por parte de Comparta EPS, y/o de las EPS receptoras, en el momento en que se realice el traslado masivo de usuarios.
5. Hemos pedido tanto al Dr. Faruk Urrutia, liquidador de Comparta EPS, como a la Dra. Mónica Hernández, que se realicen todas las acciones pertinentes y conducentes a garantizar la efectiva prestación de servicios a toda la población afiliada y de esta manera no se cree ninguna barrera en el acceso a los servicios de salud que se requieran por parte de esta población.
6. También hemos pedido que, de manera urgente, se determine cómo se va a realizar el giro de recursos a la Red hospitalaria para los servicios prestados en el mes de agosto, así como las deudas existentes antes del 27 de julio, fecha en que se anunció la liquidación y que, para el caso de Boyacá, asciende a la suma de 120 mil millones de pesos y para Santander es de 27.000 millones de pesos.
7. En la reunión que sostuvimos con el agente liquidador establecimos comunicación con el Ministerio de Salud y Protección Social para que nos informara si efectivamente el traslado de los usuarios de Comparta EPS se va a ejecutar y ellos respondieron, de manera telefónica, que este proceso se está estudiando según la viabilidad jurídica, debido a la medida cautelar ordenada por el juez de Málaga.
8. El Ministerio de Salud y Protección Social está revisando todas las actuaciones jurídicas para determinar si se hace la migración de los usuarios de Comparta EPS, el próximo domingo 8 de agosto, como estaba previsto, o se deba postergar transitoriamente mientras se define la situación jurídica de la Entidad.
9. Mientras tanto, pedimos a Comparta EPS que garantice la prestación de servicios a los usuarios durante estos días y el tiempo que sea necesario, hasta que se defina este proceso jurídico y se migren los usuarios a otras EPS, con el fin de proteger la vida de sus afiliados en todo el territorio nacional, especialmente en Boyacá y en Santander.
10. El Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud nos informan que se debe seguir garantizando la prestación de los servicios a los usuarios y que, los recursos que se originen por los servicios prestados después del 27 de julio de 2021, serán reconocidos.
Adicional a esto, UHN conoció un oficio enviado por el jefe de cartera en Boyacá en el que indica la difícil situación del departamento de Boyacá, frente a dicha medida. «COMPARTA EPS opera en el departamento de Boyacá en 72 municipios con una población total afiliada tanto en los regímenes subsidiado y contributivo por movilidad de 195.493 usuarios, con corte a junio del presente año. Según la información reportada en “cubos2.sispro.gov.co CU_SaneamientoCartera2 SaneamientoCartera2021”, dispuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social, con corte a 31 de marzo de 2021, la deuda de dicho Asegurador a la Red pública y privada del departamento haciende a la suma de $119.442.349.933,00 El anterior panorama muestra que la Red pública y privada del departamento se encuentra en grave riesgo por la falta de flujo financiero, sabemos que hay varios departamentos del territorio nacional que están pasando por la misma situación, no obstante, para el departamento de Boyacá en dónde COMPARTA EPS hace presencia de manera representativa en 72 municipios con 195.493 afiliados correspondientes al 16% del total de la población afiliada, es un grave perjuicio para la operación de la red de prestación de servicios de salud», dice la misiva.
Ante esto hicieron peticiones especiales:
- Se proceda a la compra inmediata de cartera por parte del Ministerio de Salud y Protección Social frente a las acreencias que tiene COMPARTA EPS con las Instituciones Públicas y Privadas que operan en el departamento, que tienen el mayor porcentaje de participación en el giro que hacía COMPARTA EPS para sostener la operación corriente, es decir que la deuda que COMPARTA EPS tiene con los prestadores se cancele directamente por la modalidad de compra de cartera por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, con recursos de la UPC, haciendo los cruces correspondientes.
- Se priorice a favor de la Red de prestación de servicios de salud, el flujo de recursos para el mes de agosto del presente año, de los afiliados a COMPARTA EPS, especialmente de las Instituciones relacionadas en la gráfica IPS con mayor giro de recursos proveniente de COMPARTA EPS, relacionada anteriormente.
Lo anterior, debido a que se están presentan dificultades con proveedores para el suministro de insumos médicos y quirúrgicos, indispensables para la operación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, afectando la atención de los pacientes, en especial en los servicios de Unidad de Cuidado Intensivo de varias instituciones, incluyendo Hospital Regional San Antonio de Soatá, la cual sostiene la operación en el departamento de Boyacá para las provincias de Norte, Gutiérrez, y Valderrama y para el departamento de Santander en algunos municipios de la provincia García Rovira.
Para finalizar, tanto la comunidad uwa como la administración departamental espera que haya una visita concreta del ministerio de Salud generando soluciones reales desde los territorios.
