La decisión de cerrar el servicio de urgencias de la Clínica Los Andes de Tunja, anunciada por su gerencia y que ha generado inquietud en la comunidad, responde a una profunda crisis financiera que la institución arrastra desde hace meses y que se ha vuelto insostenible si se mantiene la operación de ese servicio.
En dialogo con Ultima Hora Noticias, el gerente de la clínica, Edgar Ortíz, sostuvo que la determinación de suspender urgencias no es una medida improvisada ni reciente, sino una decisión comunicada hace casi un mes a la Secretaría de Salud Departamental, entidad responsable de autorizar cambios en la prestación de servicios de salud. Durante ese tiempo, la administración sostuvo varias reuniones con representantes de esa dependencia y con las EPS, en un intento por explicar las razones que llevaron a la junta directiva a tomar esta decisión.
Ortíz recalcó que el cierre será exclusivamente del área de urgencias, y que el resto de los servicios de la institución, como consulta externa, hospitalización y procedimientos programados, continuarán operando con normalidad.
Según el gerente, la profunda falta de liquidez y el crecimiento desproporcionado de la cartera de las EPS con las que tiene convenio la clínica, son las principales causas de esta crisis. La acumulación de deudas, estimada en torno a los 30 mil millones de pesos, ha hecho inviable mantener abierto el servicio de urgencias sin poner en riesgo la estabilidad financiera de toda la institución. Más de la mitad de ese monto se le adeuda a la clínica por parte de una sola EPS, lo que agrava aún más la situación.
Ortíz ha sido enfático al describir la problemática como estructural y no coyuntural. “Este no es un problema de una semana; es una situación acumulada que nos deja sin recursos para sostener el servicio de urgencias sin comprometer la operación global de la clínica”, explicó, y añadió que incluso en el evento de que se pagaran las deudas pendientes, la fragilidad financiera de la entidad persistiría sin un cambio en el flujo de pagos de las EPS.
Como parte del ajuste que se implementará a partir de marzo, la institución orientará su operación hacia servicios y clientes con mayor posibilidad de pago, estrategia que busca garantizar su viabilidad en el largo plazo. Esta reestructuración tendrá efectos directos también en el empleo: de los cerca de 380 empleados actuales, por lo que se proyecta que alrededor de 140 cargos podrían ser eliminados gradualmente debido a la menor demanda tras el cierre de urgencias.
Esta situación se suma al contexto más amplio de dificultades que enfrenta el sistema de salud en Colombia, donde el retraso en los pagos por parte de aseguradoras y prestadores ha sido una constante, afectando la capacidad de muchas IPS de mantener sus servicios sin comprometer su operatividad.
