A través de una transmisión de redes sociales que llegó a cerca de mil 500 personas y contó con la presencia de organizaciones sociales del nivel nacional y departamental, así como del ministerio Público, la Plataforma Feminista Boyacense y sus organizaciones adscritas, como defensoras de los derechos humanos con perspectiva de género, pusieron en conocimiento una serie de hechos que dejarían en evidencia reiterados abusos de autoridad contra trabajadoras sexuales (especialmente trans) de Tunja y Duitama.

Hechos
En el documento de la denuncia pública, las organizaciones sociales indicaron los siguientes hechos: “El jueves 27 de agosto, nos llegan denuncias ciudadanas por agresiones policiales en contra de una mujer cisgénero trabajadora sexual de la ciudad de Tunja, en donde al ser esposada por un supuesto hurto, “el policía la propina cachetadas mientras esta esposándola contra el suelo” según el relato de las personas que se encontraban allí. Así mismo, según hechos relatados por la trabajadora, ella estaba prestando un servicio a un cliente en uno de los hoteles que quedan en inmediaciones del antiguo terminal, y este quería mantener relaciones sexuales sin protección a lo que ella se negó y salió de allí, el señor se disgustó y fue a la Policía denunciando un supuesto hurto, en represalia de que la trabajadora no quiso mantener relaciones sexuales a él. Una compañera de ella, al tratar de defenderla de los golpes que el Policía le estaba propinando, también fue llevada por la Policía en la patrulla con el número 690183, junto con la pareja de la primera mujer, y posteriormente, según comentan las tres personas conducidas, fueron llevadas a inmediaciones del barrio San Antonio y rociadas con gas pimienta y golpeadas. Nunca se tuvo presencia de una policía femenina como es el deber ser.

El día 29 de agosto en horas de la mañana, en inmediaciones del antiguo terminal de Tunja, miembros de la Policía Metropolitana de Tunja, se acercan a las trabajadoras sexuales que se encuentran allí, diciéndoles que: “no tendrán tolerancia con ellas ya que son unas ratas” según nos informan las chicas. Hechos denigrantes y discriminatorios que las comete la Policía en todo el territorio y que da paso a que la sociedad lo replique como ejemplo de las autoridades.

El viernes 28 de agosto en la ciudad de Duitama, fueron capturadas cuatro mujeres transgénero y una mujer cisgénero trabajadoras sexuales, por una presunta investigación que viene desde el año pasado. Como personas conscientes, somo respetuosas de las decisiones judiciales, partimos de la buena fe y el debido proceso que se debe llevar en estas. Sin embargo, preocupa mucho la falta de garantías con perspectiva de género teniendo en cuenta que además este ha sido un tema reiterativo dentro del ordenamiento jurídico colombiano para el acceso a la justicia sin barreras, sin distinción, sin discriminación. Por eso también es un llamado a las instituciones para que sus funcionarios se formen, para que también las sentencias judiciales que se den en casos de mujeres y diversidades y disidencias sexuales y de género, tengan la perspectiva de género en esa área, y se respete la dignidad y el debido proceso. Resaltamos también que nos preocupa que dicha investigación del año pasado esté relacionado con la constante criminalización y estigmatización del evento cultural que se realizó el año anterior en Duitama con las chicas denominada Kabaret Transfeminista ya que posterior a ese evento la situación de hostigamiento y persecución incremento por parte de las autoridades ante el silencio inminente de la administración municipal y de ministerio público.

De igual forma, y aunado a lo anterior, preocupa mucho que haya tres mujeres que se vayan a ir recluidas a un centro penitenciario de hombres, lo cual las expone a agresiones físicas, sexuales y discriminaciones transfóbicas a raíz de su identidad de género. Resulta también de extrema preocupación y urgencia el manejo mediático que se le ha dado a los anteriores eventos sin mencionar que en el testimonio recibido de una de las mujeres nos informan: los policías nos obligaron a dejarnos tomar una foto dizque para el periódico. Todo lo anterior, denota la criminalización y estigmatización que hay aun en las instituciones. Es necesario que se den garantías de acceso a la justicia integral, real y efectiva, y protectora de los derechos humanos de todas las personas, y de igual forma, se garanticen el goce efectivo de los mismos”.

En la misiva de la denuncia pública, exigen que se den garantías del debido proceso de judicialización y que sean mujeres policías quienes atiendan los casos con este grupo de ciudadanas.

“Exigimos que se acabe el silencio y la minimización por parte de las administraciones locales y departamental en relación a la problemática permanente con la población de mujeres cisgénero y transgéneros trabajadoras sexuales del departamento. Que se reconozca como falencia la falta de formación en derechos humanos con perspectiva de género y enfoque diferencial en los defensores públicos que acuden a garantizar el derecho a la defensa de estas mujeres en estas circunstancias. Insistir en que desde la Plataforma Feminista Boyacense y sus organizaciones adscritas nos encontramos en la capacidad de aportar estos seminarios formativos con el interés de que nuestras mujeres no sigan sufriendo de violencia institucional por falta de conocimiento y de formación que se traduce en discriminación”, se añade en la denuncia.

Al finalizar esta actividad autoridades se comunicaron con las organizaciones para pedir una reunión de revisión de lo dicho.