La denuncia interpuesta por Julian Santiago Rodríguez Rodríguez, estudiante de la UPTC, contra Enrique Vera López y Ana Cecilia Torres Calero, Rector y Secretaria de la universidad respectivamente, es por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude al sufragante, prevaricato por acción, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y abuso de función pública.

El hecho en mención tiene que ver con la elección del representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario. En un primer momento, asegura Julian Rodríguez, el rector y su secretaria general toman una norma que es el reglamento electoral de la universidad y ellos profieren un acto administrativo que convoca a las elecciones. Al momento de elaborar el acto parafrasean la norma, es decir, le modifican una palabra muy importante que le cambia el sentido, la cual es una inhabilidad específica para participar en las elecciones.

Esa norma dice que un estudiante que está en una representación vigente no puede aspirar a una nueva representación salvo que renuncie antes de iniciar el período de inscripción a la siguiente corporación. Pero presuntamente el rector y la secretaria cambiaron la palabra iniciar por efectuar.

La situación que se presentó fue la siguiente: Las fechas de inscripción eran del 14 al 23 de agosto, es decir, quienes aspiraban a la representación debían renunciar a su otro cargo, si era el caso, antes del 14 de agosto de acuerdo con la norma inicial que es la que prima por ley. Cuando se cambia el verbo iniciar por efectuar, se valida que renuncien dentro de los días de la inscripción.

Como le explicó Julian Santiago Rodríguez a Última Hora Noticias “tres estudiantes tenían una representación vigente en otro cuerpo colegiado. Linna María Parra Campo renunció el 22 de agosto, Jersson Enrique Pinzón renunció el 19 de agosto y Xiomara Hernández renuncia el 16 del mismo mes, es decir, los tres estaban inhabilitados porque debieron renunciar antes del 14 de agosto(…) pero se permite que participen porque el rector y la secretaria modificaron los estatutos. Hoy una de ellas es la representante al Consejo Universitario aprobando presupuestos y grandes proyectos”.

“Adulterar un texto jurídico es una falta a los principios de ejercicio de la función pública y puede configurar delito y responsabilidad penal”. Finalizó Rodríguez.

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