Las fallas en servicio registral ponen en riesgo la reactivación económica en Boyacá. Este nuevo cese de actividades que, desde el pasado 28 de octubre, tiene paralizada la operación de las ORIP, agrava de manera crítica la precaria prestación del servicio público registral en el país y se convierte en uno de los procedimientos más restrictivos, complejos y de impacto negativo en el acceso a la vivienda de los colombianos, la política de vivienda social, la financiación hipotecaria y el desarrollo regional y del mercado inmobiliario.

Sin la prestación del servicio público registral se pone en riesgo la inversión de los hogares, de los sectores productivos y la reactivación económica en Boyacá: CAMACOL. Tras varios días de cese de actividades en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos – ORIP – en el país, Camacol, gremio que representa la cadena de valor de la construcción, hace un llamado prioritario para que las autoridades competentes actúen y garanticen el restablecimiento del servicio público registral.

De acuerdo con las estimaciones del Gremio, tras 8 días de parálisis del servicio público registral, se han frenado inversiones en vivienda nueva equivalentes a 1,6 billones de pesos y se ha puesto en riesgo el acceso a la vivienda formal de 8.000 familias colombianas. En el caso del departamento de Boyacá, $15.000 millones de inversión en vivienda nueva se han frenado, y 101 familias ha dejado de recibir su vivienda oportunamente. Con el pasar de los días y el cese de actividades, el problema se convierte en uno de los principales riesgos para la reactivación económica de la región y un retroceso en la política de vivienda.