Ni héroes, ni mártires, trabajadores con garantías laborales, es la voz que se ha escuchado al unísono por personal de la salud en el país que llora a dos médicos que perdieron la vida por COVID-19 y por «el abandono del Estado a quienes hoy están dando la vida por atender esta emergencia».
Boyacá no es ajeno a estos reclamos ni a ver un panorama poco esperanzador en la protección del personal de salud. Desde la Mesa de Salud por Boyacá este fin de semana se dieron a conocer dos pronunciamientos en los cuales aseguran que ante esta crisis por COVID-19, hacen falta más acciones gubernamentales, ya que «hay ausencia de un plan de acción departamental, deficiencia de la capacidad institucional para atender la emergencia y el personal de salud está desprotegido, ya que no les han sido entregados implementos necesarios para atención de posibles casos».
De acuerdo con el análisis realizado por la Mesa, si bien se reconoce como relevante el anuncio de la apropiación de $5.400’000.000 para atender la situación es insuficiente, pues no hubo una exposición de los análisis y consideraciones del contexto departamental. «Hay ausencia de diagnóstico del problema en Boyacá, tanto para este momento de pandemia, como para los siguientes ciclos de activación. No hay presentación de líneas estratégicas y de acción para el manejo, mitigación, e incluso prevención secundaria de la pandemia y ciclos posteriores».
Advierten que hay un evidente debilitamiento estructural de la red pública para la atención en el nivel local, por cuanto las instituciones públicas ESE no poseen recursos para el abastecimiento de insumos para atender tanto la toma de muestras de COVID-19, como para el manejo de los casos y las complicaciones que pudieran llegar a presentarse, incluyendo la deficiente protección de los trabajadores de la salud en todo sentido, incluyendo la afiliación a las Administradoras de Riesgos Laborales al menos de la primera línea de atención a lo cual debe hacer seguimiento directamente la Secretaría De Salud.
«El silencio frente al tema nos preocupa, pues no se advierte el manejo o la elaboración de un planteamiento estructurado de lineamientos alrededor del Covid-19 para las ESE como instituciones de primer nivel, así como para hospitales regionales en general, incluyendo clínicas privadas, en el departamento de Boyacá. Igualmente, nos preocupa que no se haya expuesto un plan de transferencias de una parte o de pagos de los recursos adeudados a las ESEs por parte de las EPSs, para que puedan adquirir los materiales mínimos necesarios, (incluyendo overoles, cubrebocas n95, batas, mascarillas y/o escafandras médicas de acuerdo al caso) ya que es conocida la gran deuda que tienen las EPSs con las ESEs del departamento, lo que hace que muchas ESEs tengan gran parte de sus recursos en cartera, como en el caso del Hospital San Rafael al cual las EPSs adeudan alrededor de 180 mil millones de pesos».
Protección y bioseguridad para personal hospitalario
Trabajadores de salud que se comunicaron con Última Hora Noticias aseguraron que en el caso del Hospital San Rafael de Tunja y centros de salud de municipios alejados del centro del departamento siguen sin recibir elementos de protección, pese a los múltiples anuncios que han hecho los entes gubernamentales. «Hay enfermeras que han renunciado porque en el hospital solo les entregan tapabocas convencionales y eso no brinda ningún tipo de protección. Aparte les dicen que hasta tres días los pueden seguir usando».
Javier Moreno, integrante de la Mesa de Salud por Boyacá también se unió a la denuncia señalando que 15 años de decadencia en las condiciones laborales del personal médico hoy cuestan más y empeoran las condiciones de contratación ya que, «la tercerización y la contratación por prestación de servicios dejan a gran parte del gremio desprotegido porque no hay ARL, EPS ni Estado que respondan por ellos».
Agregó que Tunja y Togüí son los municipios que más preocupan actualmente, la capital boyacense porque todo el direccionamiento de casos se están dando al hospital San Rafael y el municipio porque es el que más casos registra actualmente (once en total) con las más precarias condiciones de atención en salud.
Y es que, según conoció Última Hora Noticias, el último caso confirmado como positivo en Tunja fue de un estudiante de medicina que estuvo en la atención al paciente que falleció en el centro asistencial, lo que deja en evidencia los riesgos a los que se someten quienes allí trabajan.
«Nos sorprendió profundamente el anuncio de una contratación ya perfeccionada para la adquisición de unos EPP – 16.000 tapabocas, cuando dicha medida es insuficiente en términos de bioseguridad frente al riesgo que el personal hospitalario debe enfrentar. Con los recursos existentes y los contratados, advertimos que en lugar de contener la expansión de la pandemia en el manejo hospitalario, el personal encargado de atender los casos se puede convertir en el vector transmisor del virus. El manejo de la bioseguridad frente a pandemias requiere de condiciones y recursos serios que garanticen la protección del personal hospitalario, así como de que prevengan que dicho personal no sean quienes expanden el virus, que como se puede ver en los diferentes informes sobre el impacto en los diferentes países, dicho virus ha cobrado la vida de médicos y enfermeros. Así las cosas, aguardamos a su respuesta, así como quedamos atentos a departir un espacio con usted para aportar y esclarecer las medidas que sean necesarias para apoyar la red hospitalaria del departamento y cuidar de los profesionales de la salud que enfrentan esta contingencia», agrega la Mesa de Salud por Boyacá.
Rechazo al decreto 538 del 2020
El gremio a nivel nacional también expresó su rechazo al Decreto 538 del 2020 de Presidencia de la República porque aseguran que atenta contra su integridad.
Mediante un comunicado firmado por cerca de 36 gremios de la salud rechazan el anuncio porque aseguran que el Gobierno nacional busca «forzar a los profesionales y trabajadores de la salud a concurrir a la atención de la pandemia sin contar con los recursos adecuados de bioseguridad y condiciones laborales dignas. Los equipos de protección personal no pueden ser decretos vacíos que no se aplican, ni tampoco promesas de diferentes instituciones del sistema que no dan cuenta de la protección personal».
Advierten que se debe excluir al personal en formación, dado que precisamente no tiene acreditadas las competencias profesionales para hacer frente a la pandemia, y porque es una propuesta de voluntariado sin garantías. «Eso adicionalmente auspicia el ejercicio ilegal de las profesiones, usando mano de obra no calificada. El personal de salud está dispuesto a cumplir con su deber y cumplirle a la sociedad, pero ninguna norma nos puede obligar a actos temerarios y acciones suicidas frente a una pandemia que ya ha dejado miles de pérdidas humanas en el mundo, máxime cuando usted como presidente de la nación no garantiza al personal de salud los EPP. Muchas personas de diferentes profesiones han planteado renuncias masivas, como una posibilidad para que el Estado reconozca la gravedad de la pandemia y la asuma con la responsabilidad del caso y, a pesar de sus amenazas representadas en el decreto 538 del 2020, seguiremos luchando, porque el gobierno está vulnerando el derecho a la vida de los trabajadores de la salud».
