De la mano con el escándalo por la deuda de 30 millones de pesos del Boyacá Chicó a la empresa Cuality Sport, existe la realidad de siete familias, siete madres cabeza de hogar, que dependen económicamente de este recurso y que hoy esperan que el Club asuma la responsabilidad y cancele el pago atrasado.

Pese a que se había anunciado que harían un proceso de conciliación en la Casa de Justicia de Tunja, las directivas del equipo nunca llegaron a atender el encuentro. Ahora habrá una segunda citación para el mismo proceso, pero si no se da la empresa buscará otras alternativas penales.

Detalles

Desde el fin de semana anterior, la deuda entre el equipo y la empresa se ha hecho viral y trascendido a medios de comunicación porque una mujer, Diana Rojas, representante de Cuality Sport impidió la salida del equipo del estadio de la Independencia ante lo que ella asegura como la falta de respuestas para el pago pendiente del Boyacá Chicó.

«Este es el cuarto año que trabajo con ellos, no hubo devolución de los productos y tampoco comunicación de inconformismo como lo señaló el máximo accionista Eduardo Pimentel. La única diferencia en este contrato es que no quieren pagar», dijo a UHN la empresaria.

De acuerdo con Rojas, antes de llegar a tomar «medidas desesperadas», se buscaron varios diálogos «tuvimos que recurrir a la protesta pública porque se rompió la comunicación e incluso hablamos con Nicolás Pimentel quien dijo que no iba a recibirme en el Estadio e indicaron que efectivamente se iba a apagar, pero eso nunca se dio. Contrario a sus afirmaciones fuimos acusados de estarlos amedrentando en carros BMW, mientras lo que nosotros estamos adelantando es un proceso para hacer valer nuestros derechos».

Por parte de Pimentel, en declaraciones a medios de comunicación nacionales y a través de comunicados indicó que, “Ellos (la empresa de Rojas) entregaron la ropa, pero lastimosamente fue rechazada por el cuerpo profesional del equipo, a raíz de que la maquila fue perversa, pues no les quedaba a los jugadores. (…) Ella tuvo que recoger toda la ropa y aceptar que tenía que arreglarla”, dijo Pimentel.

Agregó Pimentel: “ellos quieren cobrar a la brava lo que mal han hecho, y nosotros creemos que no vale la pena estar aquí por una suma irrisoria de $22 millones. (…) Nosotros pagamos de nuevo la hechura de esa ropa que ella no fue capaz de hacer bien”.