José López y Yesid Figueroa se unieron para pedir a la justicia que se obligue a los más de 70 municipios que tienen jurisdicción con el río Chicamocha. En el 2010 López instauró una primera acción popular para que Toca y Siachoque se vieran obligados a descontaminar las aguas y pudieran apoyarse en la Gobernación y en el gobierno nacional.
Luego de ir avanzando con esa acción se pudo demostrar que la problemática no solo dependía de estas dos localidades, sino que se comprometieron 72 municipios, tres ministerios, Planeación Nacional, las corporaciones ambientales de Boyacá y Santander y las Gobernaciones de ambos departamentos. “Lo que se pretende es que se construya un Conpes para asignar los recursos para las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales”, dice López Malaver.
Esa acción constitucional ya se encuentra ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, está a la espera de darle curso y que todos los accionados den a conocer las acciones y reparos que se tengan frente a la contaminación que se hace al río Chicamocha, por lo que no hay agua apta para consumo humano, pero tampoco es apta para cultivos y animales.
Dice López que el principal responsable de formular las más de 70 PTAR’s recae en el Gobierno nacional, pero no queda ahí el tema, pues también debería hacerse un programa de compensación ambiental para las comunidades, pues son más de 40 años que ha tenido que utilizar estas aguas contaminadas para cultivos, animales, y en ocasiones las personas que habitan cerca a la ribera del río.
El nivel de inversión es muy alto, y de esto son consientes los accionantes, por eso consideran que las Gobernaciones y el orden nacional deben ponerse al frente de la purificación de esas aguas. En tercer lugar, cuando ya se tenga la descontaminación se pide que se realicen distritos de riego para que se beneficien los campesinos de esos municipios.
En este momento, ya se les venció a Toca y a Siachoque el plazo para que pudieran construir las Plantas de Tratamiento, por lo que también se pidió que se abriera un incidente de desacato, porque están en mora de cumplir el fallo judicial donde se les obligaba a construir las PTAR’s.
