Colombia presenta la cifra más alta de suicidios en los últimos cinco años; de enero a julio 1.489 compatriotas se quitaron la vida, un promedio de 8 suicidios diarios consumados. Por cada mujer, hay cuatro o cinco hombres que lo cometen, pero las mujeres tienen más intentos.

La cifra de hombres mayores de 60 años ha venido en aumento. Las regiones con mayor tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes son Vaupés y Amazonas donde se reporta un incremento en poblaciones indígenas; Arauca, Tolima y Quindío.

La enfermedad física y mental, la depresión, el consumo problemático de sustancias psicoactivas y el alcohol, el matoneo, la violencia intrafamiliar, el maltrato y el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, el abandono, las rupturas afectivas sumados a la angustia e incertidumbre del presente y futuro económico y la realización de los proyectos de vida, agudizadas por la pandemia y la débil política social, dentro de los principales causas. El desarraigo y la tristeza profunda ocasionados por el desplazamiento forzado y el impacto del conflicto armado sobre las comunidades indígenas, sus usos y costumbres.

Pese a que la Ley 1616 de 2013, tiene por objeto garantizar el ejercicio pleno del derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental, la población sigue padeciendo barreras de acceso a consultas de psicología o psiquiatría, acceso oportuno a tratamientos integrales y medicamentos.

El país solo cuenta con 1.200 psiquiatras, y la deuda de las EPS con los prestadores de salud mental es inmensa, lo que ratifica la urgencia de fortalecer el sistema de salud colombiano bajo la impronta ética de la garantía del derecho a la salud sin restricciones de ningún tipo.

Por otro lado, no obstante lo ordenado por la Ley 1733 de 2014 y la Ley 1751 de 2015, solo tres de cada diez enfermos en promedio que padecen dolor y sufrimiento, reciben cuidados paliativos integrales, los cuales están concentrados en Bogotá, Antioquia, Santander y Valle.

Es una prioridad de Estado abordar con seriedad, profundidad y bajo una mirada integral, la grave problemática de salud mental del país, superar los estigmas y prejuicios, fortalecer el sistema de salud y la política social, transformar el mundo productivo y laboral, garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cumplir el acuerdo de paz y superar el conflicto armado, proteger a nuestros mayores y pueblos indígenas, acompañar a comunidades, familias e individuos en procesos de rehabilitación y tratamiento integral.

Esperanza a través de la acción

Los suicidios y los intentos de suicidio tienen un efecto dominó que afecta no solo a las personas, sino también a las familias, las comunidades y las sociedades. Los factores de riesgo asociados al suicidio, como la pérdida laboral o financiera, el trauma o el abuso, los trastornos mentales y por uso de sustancias y las barreras para acceder a la atención médica, se han ampliado aún más con la COVID-19.

Sin embargo, el suicidio se puede prevenir. Las principales medidas de prevención del suicidio basadas en pruebas incluyen restringir el acceso a los medios para el suicidio ( por ejemplo , armas de fuego, pesticidas, etc.), políticas de salud mental y reducción del alcohol, y promover la información mediática responsable sobre el suicidio. El estigma social y la falta de conciencia siguen siendo los principales obstáculos para la búsqueda de ayuda para el suicidio, lo que pone de relieve la necesidad de campañas de alfabetización en salud mental y contra el estigma.

Igualmente la línea 106 para Boyacá está habilitada para quien así lo requiera.