Se cumplió en Tunja, reunión de la Comisión Departamental de Moralización, a propósito de una invitación que cursó a los 123 alcaldes de Boyacá, a los gerentes de las empresas descentralizadas, de las empresas de servicios públicos domiciliarios y a los nuevos gerentes de los hospitales.

El objetivo central era que los alcaldes conocieran a los miembros de la Comisión, que representan a los órganos de control en Boyacá, de la Fiscalía y de la Rama Judicial.

Uno de los temas que se abordó fue el de las obras inconclusas, conocidas popularmente como los ‘elefantes blancos’ que según el balance presentado “deambulan” por Boyacá.

“He hecho un barrido de tres entidades del orden nacional; la Auditoría General de la República, por ejemplo, indica que en Boyacá existen más o menos 36 obras inconclusas, el año pasado la Contraloría General de la República nos dijo que había entre 100 y 106 obras inconclusas. Pero si voy a la página que registra todo el tema de corrupción, para Boyacá esta, registra más de 500 obras inconclusas y ‘elefantes blancos’”, dijo Juan Pablo Camargo Gómez, contralor general de Boyacá y presidente de la Comisión Departamental de Moralización.

Se citó como ejemplo, la PTAR del municipio de Duitama, firmada desde el año 2010, con recursos cercanos a los $1.800 millones. Sin embargo, hay muchos otros temas que generan serias inquietudes.

En la reunión, se advirtió a los alcaldes y a sus grupos de trabajo, que son ellos, quienes, en un cien por ciento, conocen las necesidades y obras que están faltando.

“Les dimos un plazo hasta el próximo 8 de mayo para que ellos hagan un barrido, porque hay entidades que nos están diciendo que hay este número de obras inconclusas, pero son los alcaldes los que tienen que ayudarle a los entes de control (…) que nos lo entreguen el próximo 8 de mayo y nosotros hacer un filtro”, manifestó Camargo Gómez.

La tarea, también busca evaluar por qué el nivel de denuncia es tan bajo, si se tiene en cuenta que desde el Consejo Superior de la Judicatura se informó que solamente hay seis acciones constitucionales en curso, que marca una notable disparidad entre lo informado y lo denunciado.

Una vez se tenga la información real, se harán las evaluaciones de rigor, para tomar las decisiones a que haya lugar.