La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia expidió la orden de detención en contra de Gustavo Puentes, exrepresentante a la Cámara por el departamento de Boyacá, por usar su puesto para influir en la Dirección Nacional de Estupefacientes y que amigos suyos terminaran a cargo de bienes incautados.

Los hechos ocurrieron entre el 2008 y el 2010 cuando el imputado abusó de su cargo para influenciar a por lo menos dos funcionarios de la desaparecida Unidad Nacional de estupefacientes, con el fin de lograr que dos amigos suyos: Tomás Alfonso Zambrano y Eduardo Salcedo, fueran designados como depositarios provisionales de La Inmunizadora de Maderas del Oriente.

Con esta figura sus amigos pudieron administrar la empresa y el político, de acuerdo con investigaciones del periódico El Colombiano, “obtuvo beneficios económicos que fueron destinados a su campaña electoral”.

Incluso en el expediente reposa que Gustavo Puentes hacía proselitismo político con los empleados de la empresa y alcanzó a nombrar a su compañera sentimental como directiva de la misma. Los empleados fueron quienes pusieron la denuncia.

La Sala Penal ratificó la condena de cinco años y siete meses de prisión por el delito de tráfico de influencias de servicios públicos, condena que será cumplida en centro penitenciario.

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