Tras conocerse que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria formal contra la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, para determinar su responsabilidad disciplinaria por las presuntas irregularidades en la etapa precontractual de la licitación pública denominada centros digitales, así como en la firma y ejecución del contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia, para la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a internet, han iniciado a conocerse las fallas recurrentes que se dieron al rededor de este proceso en todo el territorio colombiano.
Para el caso de Boyacá, 692 centros digitales habían sido proyectados por el Ministerio TIC en Boyacá, de los cuales a julio se esperaba ya contar con 346, pero a la fecha solo hay 167 instalados, y lo peor, en el seguimiento realizado por la Gobernación de Boyacá evidenciaron que 30 tenían fallas, el 50 % problemas de conectividad y el 30% sin conectividad.
En diálogo con UHN John Amaya Rodríguez, secretario TIC de Boyacá, recordó que para finales del año 2020 a Boyacá se le adjudicó un contrato de 692 centros digitales para escuelas rurales empezando ejecución en 2021. El supervisor del contrato es el propio Ministerio TIC y la Gobernación solo tenía en su deber acompañamiento y en ese proceso advirtieron dificultades para que se cumplieran las metas del cronograma. Posteriormente en medio del escándalo se evidenciaron las anomalías de funcionamiento.
Preocupación
Amaya Rodríguez manifestó que ante esta situación hay preocupación porque la Gobernación de Boyacá confiaba en que este proyecto solucionaría la falta de conectividad en muchas zonas rurales y ahora no está instalado y donde estaba ya el trabajo hecho están suspendiendo el servicio, «por la condición del contrato con Centros Poblados operadores se retiran y nos dejan sin nada».
Entre tanto, explicó que los proyectos que formuló el ente departamental ya están caminando pero quedaron por fuera las 692 instituciones que iba a beneficiar el gobierno nacional, adicionalmente, municipios alejados y con necesidades enormes, como Cubará, están entre los más afectados.
Vale la pena recordar que en el marco de la investigación antes señalada, la decisión proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público ordena la práctica de pruebas como realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad “relacionado con el contrato estatal de aporte No. 1043 de 2020 suscrito entre el Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, para trasladar las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, en cumplimiento al principio de economía procesal”.
Contra esta decisión no procede recurso alguno y la funcionaria investigada podrá rendir versión libre, si así lo considera.
