Entre el 28 de abril y el 3 de mayo (6 días), se han documentado 70 agresiones y 76 víctimas periodistas, de las cuales hay 32 agresiones, siete robos y eliminaciones de material, nueve obstrucciones, cinco detenciones ilegales, cinco de acciones arbitrarias en redes sociales, tres daños a infraestructura, tres casos de negación al acceso a la información, dos amenazas, dos hostigamientos, una estigmatización y una exclusión. Aún están en proceso de documentación otros 15 casos, de los cuales se advierten al menos tres agresiones, una amenaza, tres detenciones ilegales, tres obstrucciones, de acuerdo con el informe entregado por Reporteros sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa que alertaron que existe un riesgo inminente de autocensura de quienes cubren las protestas debido a la escalada del uso excesivo de la fuerza policial contra periodistas, que da indicios claros de la intencionalidad de las agresiones y su sistematicidad, sin que exista un reproche público por parte de las autoridades.

En diálogo con UHN, Fabiola León Posada, representante en Colombia de Reporteros Sin Fronteras, indicó que las agresiones se han concentrado en mayor medida en Antioquia (10), Bogotá (19), Valle del Cauca (9), Risaralda (4) y Santander (4).

«En Boyacá se registran varias amenazas y dos casos importantes de agresión, uno en Puerto Boyacá y el de Santiago Amaya en Duitama, de quien se pudo verificar que fue retenido ilegalmente y torturado por la Policía, pese a portar su carné. Adicional a eso se le retuvo su sim card siendo una violación directa a la libertad de prensa», señaló la periodista.

Según las organizaciones, el 62% de las agresiones son atribuidas a la fuerza pública y autoridades oficiales. «Se han documentado 40 ataques provocados por la Policía Nacional, entre ellos, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-, que no son contingencias, por el contrario, son ataques dirigidos para intimidar, generar miedo y censurar a la prensa. Quienes son atacados con mayor vehemencia por parte de las fuerzas públicas son aquellos que registran abusos de la fuerza contra los manifestantes. Por ello se está haciendo un llamado internacional, además buscando que la Procuraduría actúe sancionando a responsables», dijo Fabiola.

El documento agrega que, «genera extrema preocupación la sistematicidad de las agresiones contra la prensa por parte de las fuerzas públicas a pesar de estar debidamente identificados con chalecos y cascos. En particular, un periodista recibió un disparo en el casco, (1 intento de homicidio), 4 periodistas reportaron ser golpeados con bombas aturdidoras, 4 periodistas reportaron que agentes del ESMAD les apuntaron a las caras (2 de ellos reportaron haber sido insultados por un agente de la fuerza pública mientras le apuntaba con una escopeta calibre 12, cuyo uso fue suspendido por orden de la Corte Suprema de Justicia en 2020), 5 periodistas comunicaron a la FLIP que fueron agredidos y retenidos ilegalmente (1 de ellos conducidos a una zona aislada); 6 periodistas que estaban haciendo cubrimiento fueron acorralados por agentes motorizados; al menos 2 fueron lesionados por bombas lacrimógenas y 1 por impacto de bala de goma.

Resulta desconcertante que el gobierno y las entidades de control aún no se pronuncien sobre la gravedad y sistematicidad de estos hechos. Sin embargo, esta no es la primera vez que el gobierno se niega a reconocer la sistematicidad de las agresiones a la prensa en el contexto de manifestaciones sociales: en el marco de la concertación del Decreto 003 de 2021, la FLIP hizo hincapié en la necesidad de incluir de manera expresa una obligación para la fuerza pública de no agredir periodistas cuando ocurriesen focos de violencia, toda vez que en las protestas del 2019 ya se había advertido este patrón de violencia. La respuesta del Gobierno fue desconocerlo y limitarse a hacer una referencia genérica a la garantía de la libertad de prensa.

Por otro lado, los periodistas y medios de comunicación son actualmente sujeto de estigmatización por parte de algunos funcionarios públicos. Criticar a los medios de comunicación y periodistas por difundir las cifras sistematizadas por las organizaciones de la sociedad civil y las denuncias hechas en las redes sociales, en lugar de la información oficial, es un síntoma de un Estado antidemocrático. Este llamado de las autoridades falta al principio periodístico de la confrontación de fuentes e impone una versión oficial, violando así el valor de la diversidad de voces, elementos también característicos de una democracia.

La libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de expresar ideas y opiniones, sino también la posibilidad de hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias ni intimidatorias. Por ello, pedimos a:

1. Al Presidente Duque y al Ministro del Interior que emitan un rechazo público  frente a los hechos violentos contra la prensa y envíen un mensaje claro de cero tolerancia para los miembros de la fuerza pública involucrados en dichas agresiones.
2. A los convocantes del paro y los dirigentes y figuras públicas de los movimientos sociales y partidos políticos, a que rechacen todo tipo de agresión contra la prensa. De igual manera, que se abstengan de hacer señalamientos que estigmaticen el oficio periodístico. Estos señalamientos pueden incitar a la violencia o verse como autorizaciones indirectas de futuras agresiones.
3. A la Procuraduría General de la Nación para que asuma poder preferente en las investigaciones disciplinarias de las agresiones contra la prensa para cumplir con el deber de investigación y sanción de los responsables.
4. A los entes de control y a los alcaldes y gobernadores del país que entreguen cifras transparentes sobre los hechos de violencia que han rodeado las manifestaciones sociales, como compromiso con la máxima publicidad en el acceso a la información en Colombia. 
5. Al gobierno nacional, a los entes de control y a los alcaldes y gobernadores del país que brinden cifras desagregadas y se informe cómo se están gestionando las denuncias ciudadanas, incluidas aquellas en contra de los miembros de la fuerza pública. 

Internacionales

1. A la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH que haga un llamado urgente a las autoridades para que el uso de la fuerza se ajuste a la normativa que garantiza al respeto de los derechos humanos, entre ellos por el respeto por la actividad periodística, y recuerden que la actuación de los cuerpos de seguridad estatales en el mantenimiento del orden público debe estar en estricto apego a los estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.
2. A la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH que haga un llamado urgente a las autoridades para que ordenen el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza contra la prensa.  por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.  y, en su lugar, protejan la actividad periodística. 
3. A la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos para que se realice una misión de verificación de la violencia contra la prensa.
4. A la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de ONU haga un llamado a las autoridades nacionales a que se garantice el acceso a la información al periodismo nacional pero en particular el regional y para las mujeres periodistas.
5. A la sección de libertad de prensa de la Unesco para garantizar la justicia a los periodistas agredidos e impedir la impunidad, y prevenir violencia de género.

Frente a esta situación también se pronunció la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género: http://www.redperiodistasgenero.org/por-el-derecho-a-la-vida-la-protesta-social-y-la-libertad-de-expresion/