A través de la Plataforma Feminista Boyacense, el departamento se unió a la iniciativa nacional de emergencia por violencia machista, radicando ante la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja la solicitud de declaración política de una Crisis Humanitaria de Emergencia por las Violencias contra las Mujeres con el fin de que se reconozca la problemática y se tomen las medidas efectivas para erradicarla.
De acuerdo con los colectivos de mujeres que han promovido la iniciativa, el país vive una crisis humanitaria de emergencia nacional producto de las
violencias en contra las mujeres. «Hacemos esta solicitud porque se cumplen todas las condiciones exigidas para la declaración de una crisis humanitaria y es urgente que el Estado tome las medidas de debida diligencia incorporadas en convenciones de Derechos Humanos de las mujeres y ratificados por Colombia para prevenir, atender, investigar y judicializar todas estas violencias. Un Estado que se nombra democrático no puede seguir operando con prácticas institucionales que invisibilizan las violencias contra las mujeres y que no asumen las obligaciones nacionales e internacionales para que se erradiquen, se coordinen funciones y competencias y se dispongan todos los recursos humanos especializados y financieros para erradicar las diferentes violencias con que se
vulnera a las mujeres».
Cifras
De acuerdo con las cifras consolidadas en el informe de lesiones fatales y no fatales de Medicina Legal, de enero a junio de 2020, tuvimos en el país 386 mujeres asesinadas, 19.173 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y 39.952 mujeres víctimas de lesiones no fatales en general. Por otro lado, del 1 de enero al 16 de junio de 2020 en Colombia se han registrado en medios de comunicación 218 feminicidios en 15 departamentos de los 32 existentes, es decir en 47% del territorio nacional. En cuanto a la edad de las mujeres víctimas de feminicidio, según los grupos etarios identificados, el mayor número de víctimas se ubican en los rangos 15-19 años, le sigue 20-24 años y 25-29 años, el mayor número de feminicidios se registran en la población joven (104 ocurridos durante la pandemia). Según Medicina Legal, la violencia contra las mujeres ha aumentado en promedio un 47%.
En cuanto a la problemática de mujeres desaparecidas, se registraron 783 casos al mes de junio.
«Con respecto al departamento de Boyacá, Medicina Legal informa que a junio de 2020 se tuvo en el departamento a una mujer víctima de homicidio, mujer que además era adulta mayor en el municipio de Socha, un feminicidio en Puerto Boyacá, 4 suicidios de mujeres, 552 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (de pareja, entre otros familiares y adultas mayores) y 1.123 mujeres víctimas de lesiones no fatales en general. Datos sin consolidar con las demás instancias», de acuerdo con los datos consolidados por la Casa de la Mujer de la UPTC de Tunja y la Plataforma Feminista Boyacense.
Con respecto a la ciudad de Tunja, «si bien es cierto que no hemos tenido en este año ningún feminicidio, si se observa que los círculos de violencia crecientes, por lo general son reincidentes en incumplimiento de medidas de protección, con lo cual aumenta significativamente el riesgo. Además, en ésta época de confinamiento causado por la pandemia, las condiciones socioeconómicas y secundarias a la crisis, la salud mental se ha deteriorado, ha aumentado el consumo de licor, psicoactivos y tabaco, factores que predisponen y precipitan los actos violentos, que en su mayoría son ejercidos sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes. No es preciso reiterar el análisis estadístico e insistir en las cifras, pues tan solo en lo corrido de éste año, la Policía informa para Tunja 631 casos de violencia
intrafamiliar, ejercida sobre mujeres, 151 sobre hombres, 33 niñas y adolescentes y 1 niños y adolescentes. Cifras sin consolidar con instancias como Comisarías, Fiscalía y Salud. Es necesario que la respuesta institucional sea adecuada, para evitar que la impunidad sea un factor que predisponga y agrave los círculos de violencia. Por supuesto, hay que continuar con los procesos educativos para la concientización acerca de los derechos, de su exigibilidad, de la necesidad de replantear las relaciones entre seres humanos y erradicar los planteamientos arraigados del contexto patriarcal y machista; en el marco de la corresponsabilidad social para construir una paz estable y duradera», indican las organizaciones.
Agregan que la impunidad con respecto a feminicidios, la falta de garantías en el trámite de atención de violencia intrafamiliar, la poca efectividad del seguimiento de las medidas de protección otorgadas, la falta de protocolos especializados para la búsqueda urgente de mujeres desaparecidas, la ineficacia en la prevención y atención de la violencia sexual y la inexistencia de protocolos de atención en casos de acoso sexual vulneran las obligaciones de debida diligencia y evidencian la desatención de la emergencia.
Necesidades
De acuerdo con la Declaratoria de Política de Crisis Humanitaria de Emergencia por Violencias contra las Mujeres, exigimos al Estado, en cabeza de la Presidencia y las diferentes alcaldías y gobernaciones, den respuesta a esta emergencia y se tomen las siguientes medidas del orden nacional:
- Reconocimiento de la Declaratoria Política de Crisis Humanitaria de
Emergencia por Violencia contra las Mujeres en el país y expedición de un Decreto donde se dicten medidas efectivas para la intervención de las violencias en los diferentes rincones del país. - Inclusión de la perspectiva de género en la gestión y desarrollo de las
políticas de seguridad y convivencia, visibilizando las violencias contra las mujeres y su intervención como tema prioritario y no subsidiario o de menor importancia. Se requiere una política criminal con perspectiva de género. - Disposición de los medios administrativos, judiciales y presupuestales para prevenir, atender, investigar y sancionar todas las violencias contra las mujeres de manera diligente, que elimine la impunidad y genere respuestas de no repetición.
- Disposición de grupos especializados que investiguen de manera
diferenciada las violencias contra las mujeres. - Implementación de protocolos especializados para la búsqueda urgente de
mujeres desaparecidas. - Implementación de modelos de atención de casos de acoso sexual en los entes territoriales bajo las tres modalidades (penal, laboral y disciplinario).
- Creación de un sistema público a través de un software que consolide y haga seguimiento de medidas de protección para prevenir de manera efectiva la violencia intrafamiliar y los feminicidios.
