Fallo de Consejo de Estado ordena atención urgente al lago de Tota por parte de Anla, Corpoboyacá y la alcaldía de Aquitania. Las entidades tendrán que evaluar impactos ambientales y formular la creación de una planta de tratamiento de residuos sólidos.
Comunicado
En un comunicado emitido por el Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi se explicaron pormenores del documento.
El fallo es el resultado de una acción popular interpuesta en el año 2013 por ciudadanos de Firavitoba con el que «se buscó la protección del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la defensa de los bienes
de uso público, en especial la protección del Lago de Tota, derechos que consideró vulnerados por el proyecto petrolero pretendido por la multinacional Maurel & Prom».
En ese sentido, algunos puntos más relevantes que contiene la providencia de segunda instancia, revocó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá y en su lugar amparó los derechos colectivos presentes donde CORPOBOYACÁ amenazó por omisión dichos derechos teniendo en cuenta la situación de los vertimientos de la industria hotelera, del municipio de Aquitania y de otras actividades agrícolas. «Así, el fallo dispone que la Corporación Autónoma deberá: En el término de dos meses a partir de la notificación de la sentencia, apoyar y asesorar al municipio de Aquitania sobre la revisión y cumplimiento normativo del Plan de saneamiento y, en un plazo de seis meses, tener aprobado dicho Plan. En caso de ser necesaria su actualización, se contarán seis meses a partir de la fecha de terminación de la asesoría».
Así mismo, ordena iniciar los procesos sancionatorios a que haya lugar por incumplimiento de las normas ambientales en materia de vertimientos por parte del municipio de Aquitania, de lo cual, debe presentar informe semestral al Comité de Verificación durante los dos años siguientes a la ejecutoria.
El comité estará conformado por: el Magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en el Tribunal Administrativo de Boyacá, Omaira Rivas y Francisco Forero en calidad de actores populares, CORPOBOYACÁ, y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.
Indica también formular un programa de seguimiento de la industria hotelera que impacta directamente el Lago de Tota, el cual contendrá una caracterización del sector; mecanismos de seguimiento y sanción; y un componente de socialización de buenas prácticas derivadas de la evaluación ambiental del vertimiento y del plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.
Ordena conformar un Comité de Verificación del cumplimiento de la Sentencia integrado por los demandantes Omaira Rivas y Francisco Forero, CORPOBOYACÁ, un agente del Ministerio Público y un representante de las Veedurías Ciudadanas.
«Como Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi resaltamos que la sentencia del Consejo de Estado reafirma que los impactos ambientales generados por las actividades económicas actuales constituyen una carga considerable para los procesos ecológicos del Lago de Tota. Es importante señalar que el Lago de Tota abastece de agua a por lo menos 300.000 personas, y que allí nace el Río Upía, del cual dependen el abasto hídrico de otros departamentos. La multinacional Maurel & Prom actualmente cuenta con concesiones de agua tomadas directamente del espejo de agua del Lago. El otorgamiento de concesiones petroleras y licencias ambientales en el Lago de Tota y su cuencas hidrológica e hidrogeológica compromete su existencia y profundiza la crítica situación ambiental y social ya existente, la cual es conocida plenamente por las autoridades ambientales y los entes de control», dice la misiva.
La sentencia también permite evidenciar la debilidad de las instituciones ambientales municipales, departamentales, regionales y nacionales. Pese a la extensa normatividad ambiental del país, muy poca se ha traducido en hechos concretos en beneficio del Lago de Tota, de la cuenca, sus pobladores y beneficiarios. Esta sentencia reafirma lo evidenciado por la Corte Constitucional en su Sentencia SU-098, relacionada con el déficit en la protección Constitucional de los mecanismos de Participación Ciudadana respecto a la industria extractiva. Si bien las autoridades ambientales presentan un ejercicio activo de sus responsabilidades, en la práctica,
se debe a la presión y denuncia de las comunidades, ya que su falta de gobernanza ambiental y compromiso social nos obliga a informarnos por cuenta propia y a emprender acciones con las cuales exigir el respeto de los derechos del medio ambiente y de nuestro territorio. Las acciones jurídicas requieren de tiempo prolongado para la toma de decisiones, situación
que viene generando riesgo y permisividad en el detrimento económico, social y ambiental de Lago de Tota. Por ello cada vez cobra más relevancia y es más necesaria la organización colectiva para la defensa del agua, la vida y nuestros territorios», finaliza el documento.
