La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la entonces alcaldesa de San José de Pare, Boyacá, Amparo Olarte Alcantar (2013-2015), y a la jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control Interno, Nury Zulima Toro Amaya, por presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato 04 del 2015 para el mantenimiento de tramos viales veredales, por $852.715.433.

La decisión también involucra al entonces interventor del contrato, Roblin Silva Espitia.A los investigados se les reprochan posibles inconsistencias relacionadas con la falta de construcción de una alcantarilla en la vereda Guanomo, sector Jacobo Tovar, y el recibo de una obra de placa huella y filtro en la vereda San Isidro, sector El Olimpo, que no habría sido contratada. Entre las presuntas normas transgredidas la Procuraduría Provincial de Vélez citó el numeral primero del artículo 4 de la Ley 80 de 1994, que señala como deber de las entidades estatales exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. A la exmandataria también se le cuestiona por presuntamente autorizar al contratista el uso de una volqueta y una retroexcavadora del municipio, para el desarrollo de actividades que estarían contempladas en el Contrato 04 de 2015, sin que al parecer el ente territorial obtuviera pago alguno. La exalcaldesa podría haber transgredido el artículo 398 de la Ley 599 de 2000, que establece que “el servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado (…) cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término”. En esta etapa procesal las posibles faltas fueron calificadas como graves con culpa grave y gravísimas a título de dolo. Olarte Alcantar, Toro Amaya y Silva Espitia podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.