La Superintendencia Nacional de Salud trasladó a la Contraloría General de la República un análisis relacionado con el contrato No. 175 de 2025, suscrito entre el Hospital Universitario San Rafael de Tunja y la empresa Centro Vascular de Boyacá S.A.S. por un valor de $3.600 millones, para la prestación de servicios especializados de cirugía vascular.

La decisión se tomó luego de identificar posibles riesgos para los recursos públicos durante la ejecución del acuerdo. Según el informe técnico de la entidad de vigilancia, con corte al 31 de julio de 2025 el hospital ya había pagado el 67,2 % de las facturas presentadas por el contratista, pese a que no contaba con el recaudo equivalente por parte de las entidades responsables de pago del sistema de salud, lo que implicaría que la institución asumió directamente el riesgo financiero de no recuperar esos recursos.

El análisis también señala inconsistencias en las cuentas por cobrar y en los procesos de facturación, así como una estructura contractual que permitiría realizar pagos al contratista sin garantizar previamente el ingreso correspondiente para el hospital, situación que podría afectar la estabilidad financiera de la entidad pública.

Además, el documento advierte que la participación económica del hospital en los ingresos generados por el contrato sería de entre el 10 % y el 15 %, dependiendo del servicio prestado, lo que, según la evaluación técnica, podría resultar desfavorable para la institución.

La Superintendencia aclaró que el traslado del caso no constituye una sanción administrativa, sino una remisión preventiva para que el organismo de control fiscal determine si existen méritos para abrir una investigación por posible afectación al patrimonio público.

La Contraloría será ahora la encargada de evaluar la información remitida por la Superintendencia y determinar si procede la apertura de actuaciones fiscales o investigaciones relacionadas con la ejecución del contrato.