Desde las nueve de la mañana se adelantó audiencia pública de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en la UPTC edificio de posgrados. El tema a tratar tiene que ver con el proyecto de ley estatutaria No 224 de 2023 por medio del cual se regula el derecho fundamental a la educación y se dictan otras disposiciones.
Última Hora Noticias dialogó con el representante a la Cámara por Boyacá, Jaime Raúl Salamanca Torres, quien hace parte de este grupo de trabajo y esto manifestó:
“Ya se radicó este proyecto de ley, que es una norma que en específico aclara los alcances al derecho a la educación en los distintos niveles: preescolar, básica, media y superior y que refuerza mecanismos de protección para la garantía de este derecho. En este momento se encuentra en discusión. Ya se asignaron ponentes, ya se asignó la responsabilidad de preparar la discusión para primer debate de los ocho que tendrá la ley. Hoy se realiza una audiencia pública aquí en la ciudad de Tunja con el ánimo de fortalecer el proceso de participación ciudadana”.
Esta ley considera a la educación como un derecho fundamental, la obligación para garantizarse de manera progresiva le compete al estado y se establecen mecanismos para la garantía del mismo. Algo similar como lo que sucede con el derecho a la salud, en donde para poder garantizarla el ordenamiento jurídico colombiano establece mecanismos como la acción de tutela.
“De manera general se brinda un énfasis en la educación rural y campesina con un componente ambiental bastante importante, se le da un enfoque diferencial a la población con discapacidad, a la rural, a la comunidad étnica. Se amplían los ciclos de formación obligatorios en educación media que serían los grados noveno y décimo y se inician los ciclos de formación desde preescolar, es decir actualmente funciona la formación de los niños desde los cinco años y se pone el reto al estado que sea desde los tres años con jardín y pre jardín”, afirmó Salamanca Torres.
También se hace un énfasis en la pertinencia educativa, donde el gobierno nacional debe crear salidas profesionales o puertas hacia lo laboral, que muchas veces se terminan convirtiendo en un trancón, una fuente de desempleo y de frustración.
Por ejemplo, afirma el representante: “estamos formando técnicos en el Sena en contabilidad en zonas rurales y turísticas en donde podríamos hablar de bilingüismo, de formación en turismo, cuidado de recursos naturales, entre otros”.
El gran reto que enfrenta el proyecto es la financiación y esta solo se puede lograr con una reforma al Sistema General de participación, dado que en el momento solo se cubren gastos de nómina, pero temas como calidad, pertinencia y mucho más ahora con los nuevos desafíos, jornada única y educación inicial, quedan por fuera del presupuesto.
“No alcanzan los recursos, se requieren más y una revisión profunda de las finanzas del estado para poner en primer lugar la financiación de la educación en territorio. Es que las escuelas se están cayendo, es que no hay computadores, no hay infraestructura especial para la primera infancia. Uno de los principios es que haya garantía para la inclusión educativa, es decir, que las personas en situación de discapacidad puedan recibir educación de calidad y la infraestructura esté adaptada para esas personas. Adecuar la infraestructura actual cuesta billones.
Hay que avanzar, el reto de esta norma es poner unos referentes política que el estado tendrá que cumplir y los colombianos tendremos que presionar las garantías del mismo a través de los elementos que nos establece la constitución y la ley”. Finalizó Salamanca.
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