La audiencia de imputación de cargos contra Lina María Bautista Avellaneda, actual secretaria de Infraestructura de Tunja, y Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque, exfuncionario de Ecovivienda, y actual jefe de Control Interno del Irdet, fue aplazada este martes 16 de marzo de 2026, debido a la ausencia de uno de los imputados.
La Fiscalía General de la Nación tenía previsto formulalesr cargos por los delitos de Interés Indebido en la Celebración de Contratos y Asociación para la Comisión de un Delito Contra la Administración Pública en el marco de una investigación relacionada con procedimientos administrativos y contratación estatal.
No obstante, la diligencia no se pudo llevar a cabo porque la defensa de Sarmiento Fautoque solicitó el aplazamiento al justificar que su cliente se encuentra en el exterior y no podrá regresar al país sino hasta después del 6 de abril, fecha en la que se espera reanudar el proceso formal de imputación.
Pese a que la secretaria de Infraestructura del municipio, Lina María Bautista Avellaneda y su abogado, Cristian Ortiz, sí estaban presentes en la audiencia programada, el fiscal a cargo consideró que lo más prudente era reservar la formulación de cargos hasta poder escuchar a ambos implicados de manera conjunta, tal como estaba previsto inicialmente.
Fuentes judiciales consultadas por última Hora Noticias, indicaron que la reprogramación de la audiencia quedará a cargo del despacho judicial, que en los próximos días emitirá la nueva fecha en que se llevará a cabo la imputación de cargos para los dos procesados.
Este proceso penal se enmarca en una investigación más amplia que la Fiscalía adelanta contra varios funcionarios municipales ligados a Ecovivienda, por presuntas irregularidades en la contratación estatal y en la administración de recursos públicos. De hecho, en diligencias programadas para el jueves 19 de marzo de 2026, también se contempla la imputación de cargos contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y la gestora social, María Luisa Pedraza Canaría.
El aplazamiento de la audiencia no implica una modificación al objeto de la investigación, sino una reprogramación táctica para garantizar el derecho de defensa de los involucrados y la correcta formulación de cargos por parte de la Fiscalía.
