En exclusiva, el Director seccional de Fiscalía de Boyacá, Sergio Mantilla, reveló detalles importantes de la investigación y judicialización de seis sujetos responsables de delitos ambientales en Puerto Boyacá.
Según el funcionario a raíz de estas detenciones hay seguimiento a expedición de salvoconductos y funcionarios que permitían movilización de madera de la serranía de las Quinchas a diferentes lugares del país, pues serían socios de los delincuentes. «Se pudo establecer que había dádivas de por medio para las entidades encargadas de regular esta actividad en el departamento de Boyacá, por ello aquí no para este proceso ni otros que se vienen dando por delitos ambientales que se registran en esta zona», indicó Mantilla a UHN.
En análisis e información extraoficial conocida por este medio de comunicación se trataría del ICA y Corpoboyacá, los procesos que ya están abiertas.
El director agregó que como una empresa criminal denominó la Fiscalía al grupo de capturados identificados como Francisco Pinilla, Édgar Abril Castellanos, Bejamín Murcia Rodríguez, Alexander Barreto, Abel Castellanos y José Isaías, encargados de transportar la madera extraída de la serranía. Concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de recursos naturales, daño en medio ambiente y cohecho, fueron los delitos imputados.
Las acciones cumplidas por el CTI de la Fiscalía se lograron gracias al desarrollo a las labores de policía judicial como interceptación de
comunicaciones y la ubicación de un agente encubierto del Ejército Nacional.
Así operaban
Para transportarla madera por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Tolima, los procesados usaban licencias otorgadas
por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) a fincas de propiedad
de familiares de los presuntos integrantes del ‘Cartel de la madera’.
Una vez otorgada la licencia para el aprovechamiento de madera
adquirían la madera nativa talada en Pauna, Briceño, San Pablo de
Borbur, Tununguá y el Parque Natural Regional Serranía de las
Quinchas, la transportan hacia las fincas que sí tenían la licencia. Así,
buscaban darle apariencia de legalidad a los procedimientos y desde
estos lugares tramitaban los salvoconductos.
A lo largo de la investigación se pudo determinar que la madera
trasportada no era la misma autorizada en el salvoconducto, ni en las
licencias de aprovechamiento, luego era comercializada en su gran
mayoría en bodegas de Bogotá D.C.
También se constató cómo los imputados comercializaban la madera extraída de zonas de la reserva natural, al punto de ser considerados como responsables de la tala de árboles en el Parque Natural Regional Serranía las Quinchas en, al menos, 353 hectáreas.
