Quedó en firme el fallo con responsabilidad fiscal por $2.127 millones contra dos exalcaldes de Tunja; Arturo Montero (2008 – 2011) y Fernando Flórez (2012 – 2015), lo anterior por una investigación a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en sus Etapas I y II que no entraron en operación. Hay que decir que en medio de la investigación de la Contraloría, el municipio destinó recursos para celebrar otro contrato y culminar con éxito estas obras.

La investigación a los dos mandatarios se basó en el contrato 226 de 2009 que fue afectado con 6 suspensiones, 9 prórrogas y 4 adiciones presupuestales, que elevaron su valor final a $3.767milones. La Contraloría dice que los recursos con los que se financió el contrato presentaron irregularidades con el suministro de los elementos necesarios para poner en funcionamiento la PTAR.

Se advierte que el contrato se liquidó unilateralmente por incumplimiento de los contratistas el 29 de diciembre de 2015. El pasado 22 de julio de 2022, en segunda Instancia y con Auto No. 0893 la Contralora Delegada Intersectorial No. 4 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la CGR, surtió el Grado de Consulta y 10 recursos de apelación interpuestos.

El fallo dejado en firme cobija también a los contratistas Aguas de Colombia SAS y Water Treatment And Desalination, el interventor, la Empresa Euco Ltda, ahora Edgar Uribe y Cía SAS. Así mismo a los entonces secretarios de contratación, bienes y suministros para las vigencias 2008-2011 y 2012-2015, respectivamente: Jairo Ernesto Sierra Torres, (2008-2011), Gustavo Ussa Alvarez Beltrán (2008-2011) y José Fernando Camargo (2012-2015).