Luego de que la Contraloría General de la Nación revelara información sobre un posible detrimento patrimonial en el contrato de arrendamiento del Pozo Donato, las tensiones al interior de la Cámara de Comercio de Tunja se han intensificado y amenazan con derivar en un nuevo escándalo institucional.

El ente de control reportó un hallazgo fiscal por $1.006.417.459, atribuible a la falta de fijación de un “justo precio” en el canon de arrendamiento del inmueble. Esta situación compromete tanto a la Cámara de Comercio de Tunja, en su calidad de administradora del predio, como a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), propietaria del mismo.

A este pronunciamiento se suman ahora las denuncias formuladas por Jhon Jairo Martínez, presidente ejecutivo de la Cámara, quien durante una rueda de prensa expuso lo que serían nuevas anomalías al interior de la entidad.

El directivo hizo públicas presuntas presiones por parte de algunos miembros de la Junta Directiva, así como posibles conflictos de intereses que, según afirmó, estarían afectando la institucionalidad y el adecuado desarrollo de la gestión administrativa.

De acuerdo con Martínez, desde su nombramiento en 2024 se habrían generado inconformidades, debido a decisiones que, según indicó, se alejaron de intereses particulares. El presidente ejecutivo sostuvo que su postura independiente ha derivado en obstáculos para el ejercicio de sus funciones.

“Parece que a mí me nombraron desde el año pasado únicamente para que cumpliera con los intereses de algunos miembros de la junta. Como no lo he hecho, porque tengo mi carácter y mi propio criterio, varios de ellos no se sienten satisfechos”, afirmó.

Uno de los principales focos de discordia es la situación del predio conocido como Pozo Donato, actualmente bajo la lupa de la Contraloría General de la Nación. Al respecto, Martínez indicó que su posición es dar por terminado, de manera anticipada, el contrato de comodato con la UPTC y el contrato de arrendamiento con el particular, al considerar que su continuidad representa un detrimento económico para la entidad.

“La Cámara de Comercio no tiene como misionalidad la administración de bienes”, sostuvo.

El presidente ejecutivo también remarcó que no todos los miembros de la Junta Directiva comparten esta postura, y advirtió que algunos de ellos, por razones que desconoce, tendrían interés en que el contrato se mantenga vigente.

Adicionalmente, durante la rueda de prensa denunció presuntas presiones para la vinculación laboral de personas cercanas a integrantes del órgano directivo, incluso cuando estas no cumplirían con los requisitos exigidos para los cargos.

Martínez aseguró que dichas presiones se han ejercido mediante llamadas y solicitudes directas, y que su negativa a acceder a ellas, le ha generado bloqueos a su gestión administrativa.

Uno de los casos citados involucra a Aida Milena Leguizamón, miembro de la Junta Directiva; razón por la cual, confirmó la radicación de una denuncia formal ante la Superintendencia de Sociedades, por presunta coadministración y conflicto de intereses. Esta entidad que ya recibió las pruebas correspondientes, será la encargada de evaluar los hechos.

Finalmente, el presidente ejecutivo advirtió que este enrarecido ambiente estaría llevando a la Junta Directiva a considerar su eventual remoción del cargo, no por sus resultados como ejecutivo, que están para pública evaluación, sino por las presiones internas que se están generado; tanto así que, incluso, ya se estarían mencionando posibles nombres para reemplazarlo, en medio de un clima de creciente tensión institucional.