A través del Decreto 1451 del 4 de septiembre de 2023, dado a conocer por el Ministerio de Justicia y del Derecho, 5.000 madres cabeza de familia de todo el país que cumplen condenas de prisión igual o inferior a ocho años por delitos como hurto, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles, entre otros, podrían quedar en libertad.

Este beneficio conocido como “Servicio de Utilidad Pública sustitutiva” irá acompañado de la supervisión de un juez y de un servicio social obligatorio que tendrá entre otras actividades,recuperación de espacios públicos, apoyo a víctimas, bienestar y protección animal, asistencia a comunidades vulnerables y otras actividades de utilidad pública  que no conlleven ánimo de lucro para entidades, empresas y organizaciones privadas.

Se llevará a cabo un seguimiento a los respectivos trabajos que cumplan las beneficiarias y en caso de incumplimiento de alguna medida un juez determinará qué tan grave es la causal y la respetiva sanción.

 Igualmente el Ministerio de Justicia llevará a cabo cada dos años una evaluación del proceso.

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