No satisfecho con haber violado las normas electorales de nuestro complaciente país y engañar a una ciudadanía, fácilmente manipulable,  por el abatimiento político al que la llevaron los gobernantes del pasado, Mikhail Krasnov llegó a la alcaldía de Tunja y comenzó a desarrollar el más rastrero plan, en el que las argucias, tretas y artimañas, son la médula que alimenta a una inescrupulosa organización que se ha apoderado de la ciudad, para hacer y deshacer. 

Lo primero se soporta bajo una decisión jurídica, que si bien hoy, está sometida al análisis de la segunda instancia, a lo largo del proceso nunca  pudo ser desmentida por los sofistas abogados del trapacero alcalde. 

Lo segundo tiene un sustento aún más palpable, con una interminable serie de escándalos que si me pongo a enumerar, terminaría con varios tomos, cada uno de los cuales superarían la obra “En busca del Tiempo Perdido” de Marcel Proust, considerada como el libro más grande en la historia del mundo. Muchos de esos escándalos están denunciados ante los respectivos órganos de control. 

Por eso, entre alteración de documentos, contratación amañada, acoso sexual, acoso laboral,  sobornos, nepotismo, amenazas de muerte, maltrato, humillación de personal y tantos otros, me voy a referir a uno que hoy, según fuentes serias, se podría convertir en el pilar de lo que, entre tanta putrefacción junta, permitiría un asomo de decencia, respeto y diligencia. 

Fue uno de los primeros grandes escándalos de Mikhail Krasnov y el que señalaba, cómo iba a ser el actuar del hasta entonces diáfano alcalde de Tunja.

Recordemos que el abogado Juan Sebastián Ramírez, interpuso el 3 de noviembre de 2023, demanda contra el acto de elección de Kranosv, al considerar que estaba inhabilitado en el momento de inscribirse como candidato a la alcaldía de Tunja, por haber suscrito un contrato de prestación de servicios con la UPTC, dentro del año del proceso electoral. Sin embargo, en medio del desconcierto de la ciudadanía, Ramírez resultó contratado por Ecovivienda el 5 de febrero de 2024. 

La sorpresa fue aún mayor, cuando se supo que días antes de ser contratado, el abogado radicó ante el Tribunal Administrativo de Boyacá el retiro de la demanda, bajo el supuesto de “respetar la decisión popular”. 

Este hecho, a todas luces muy particular, estuvo rodeado de numerosas curiosidades e irregularidades, que por obvias razones fueron denunciadas ante las llamadas “IAS”; para no extendernos enunciamos una: 

Curiosidad: contrato de prestación de servicios entre el alcalde de Tunja Mikhail Krasnov y Juan Sebastián Ramírez, publicado en el Secop II. El objeto del mencionado contrato, era la prestación de servicios como profesional especializado adscrito a la dirección Administrativa del municipio. 

Irregularidad: a las pocas horas de ser publicado en Secop II, fue borrado, sin embargo los pantallazos de quienes seguían la huella de lo que consideraban soborno, quedaron para la posteridad.  

Pero entre ires y venires de este particular intento de contratación, que dejó como resultado el retiro de la demanda, hubo contactos, charlas, reuniones que involucran a muchas más personas, dentro de ellas a la exgestora social, Sara Catalina Pedraza,  y al exgerente de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez. 

Como hay tantos involucrados, y al parecer aquí el aparato de control del Estado quiere funcionar, los cabos sueltos dejados por los responsables, han llevado a descubrir más “curiosidades”; por eso, nuestra unidad investigativa se enteró de que la Fiscalía ya imputó a Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez, gerente de Ecovivienda para la época de los hechos, por el supuesto delito de interés indebido en la celebración de contratos.  

Y como una cosa lleva a otra, según hemos consultado, igual medida se dará con los otros implicados, entre ellos el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, el abogado Juan Sebastián Ramirez y la exgestora social, Sara Catalina Pedraza, a quienes también recaería el mismo delito. Es más, teniendo en cuenta las características y condiciones de quienes están investigados, cabría perfectamente solicitud de medida de aseguramiento.

No puedo negar que siempre he manifestado mi incredulidad frente a los órganos de control y el sistema judicial colombiano, la experiencia de años y años me ha llevado a ello; pero puede ser que en medio de esa desesperanza, por muchos compartida, surja esa semilla perdida que nos devuelva algo de confianza en un país más justo, en el que hoy todo se compra y todo se vende, especialmente cuando hablamos de conciencia, ética, respeto y dignidad; en  tal sentido, amanecerá y veremos.