muchos sectores de la opinión pública en Tunja se hacen la pregunta sobre ¿por qué el municipio habiéndose certificado como Gestor Catastral está ad portas de suscribir un millonario contrato para la actualización de la información de los inmuebles de la ciudad?

Quienes conocen del tema tienen claro que, desde mediados de 2023 el municipio fue avalado para recibir de manos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, toda la información de la realidad predial de la ciudad y así convertirse en un ente autónomo en sus procesos fiscales, una labor que requirió de una importante inversión para su montaje.

Sin embargo, hoy, cuando la administración de Mikhail Krasnov, plantea la necesidad de adelantar la actualización catastral para percibir más recursos en el recaudo del impuesto predial, se advierte sobre el proceso de adjudicación directa de un contrato, por un monto cercano a los 10 mil millones de pesos, con una firma externa.

Este escenario de la contratación, “a dedo”, abre aún más el abanico de dudas, cuando al interior de la alcaldía de la ciudad, se ha filtrado la información que el operador catastral escogido, fue sancionado por la Superintendencia de Notariado y Registro, por procesos mal adelantados en otros municipios, cuyas administraciones también han tenido que pagar importantes sumas de dinero por los errores de dichas actualizaciones.

Además de todo lo anterior, otros análisis remarcan que Tunja, por ser Gestor Catastral, tiene todos los archivos y datos específicos de los predios, y lo que restaría por hacer, es confrontarlos en terreno, para establecer cuántos han sido objeto de mejoras o cambios, proceso que se calcula, no alcanzaría una inversión superior a los 1.500 millones de pesos.